Camila González, de 27 años, denunció que ella y su esposo Ariel Castro, de 28, fueron agredidos por policías que circulaban en bicicleta en una parada de colectivo del centro de San Juan. El episodio, según su relato, ocurrió cuando la pareja esperaba con sus dos hijos después de haber ido a comprar unos anteojos. La presentación judicial fue radicada como presuntos apremios ilegales, una figura que refiere a violencia ejercida por un funcionario público sobre una persona detenida o bajo su control.
De acuerdo con la denuncia, varios efectivos intervinieron en la situación y empujaron a González, mientras golpeaban a Castro. El hombre fue trasladado después por una presunta contravención, extremo que todavía debe ser esclarecido en la investigación. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, donde se busca determinar qué ocurrió y si las lesiones fueron constatadas con los estudios médicos correspondientes.
Lesiones denunciadas
González sostuvo que su esposo quedó con un corte de un centímetro en la nariz y golpes en distintas partes del cuerpo. También afirmó que tendría lastimadas las rodillas y las costillas, aunque el alcance de esas lesiones debe ser confirmado por los exámenes médicos. En este tipo de causas, la constatación clínica resulta central para diferenciar el relato de la parte denunciante de los hechos que puedan acreditarse en el expediente.
El hecho habría ocurrido sobre avenida Libertador, entre General Acha y Tucumán. Tras la difusión de un video del momento, durante la tarde posterior al episodio se realizaban averiguaciones para ubicar cámaras de seguridad de la zona que pudieran haber registrado lo sucedido. Esa evidencia puede ser relevante para reconstruir la secuencia y establecer responsabilidades individuales.
Identificación de los efectivos
La denunciante señaló como parte de la intervención al oficial subinspector Emanuel Jofré y a los agentes Nicolás Quiroga y Gonzalo Tello. La responsabilidad de cada uno deberá ser definida por la investigación en curso y no surge acreditada en esta instancia. González también indicó que la situación afectó a sus hijos: dijo que su hija de 4 años sufrió una crisis de pánico y que su hijo de 9 años presenció la escena.
La denunciante remarcó que su esposo no tiene antecedentes y que es un hombre trabajador. La causa permanece abierta mientras se incorporan los estudios médicos y las imágenes de seguridad que permitan reconstruir el episodio. En el plano procesal, esos elementos serán los que definan si el caso avanza con nuevas medidas o con una reformulación de la imputación inicial.
