Este lunes se sumaron cuatro imputados en la causa por presuntas estafas a jubilados sanjuaninos que investiga la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Se trata de Juan Ignacio Gómez, Micaela Araya, José Rodríguez y Rocío Aguilera, quienes se entregaron en Tribunales tras tener pedido de captura. Una quinta señalada, identificada solo con el apellido Elizondo, fue trasladada al Centro Báez Laspiur luego de descompensarse y quedó pendiente su formalización.
La causa quedó en manos del fiscal Eduardo Gallastegui y de la ayudante fiscal Milena Berbari, quienes sostienen que los acusados habrían intervenido como partícipes necesarios de un plan encabezado por Carina Godoy, conocida como “la viuda negra”. Con estas incorporaciones, la investigación reúne hasta ahora 11 imputados. La audiencia del viernes anterior había durado casi cinco horas y ya había dejado expuesta la línea acusatoria contra Godoy y su entorno familiar.
La hipótesis fiscal es que las maniobras habrían sido dirigidas contra personas mayores en situación de vulnerabilidad. Según la acusación, los damnificados habrían sido despojados de viviendas, algunas ubicadas en el centro sanjuanino, y de otros bienes. También se investiga si fueron mantenidos en otras casas mediante engaños y si estuvieron privados ilegítimamente de su libertad, extremo que todavía no fue determinado por la Justicia.
La fiscalía describió que la mayoría de las víctimas presentaba un cuadro de salud deteriorado, tanto físico como psíquico, con rasgos similares a la demencia senil. Ese dato es central para evaluar la vulnerabilidad de los afectados dentro de la investigación. De acuerdo con la instrucción, al menos dos de las mujeres imputadas habrían tenido la tarea de “cuidar” a los jubilados mientras el resto de los investigados habría participado en la triangulación del dinero recibido en cuentas propias.
Despojo patrimonial
Los fiscales afirman que los adultos mayores confiaban en Godoy y le entregaban sus datos personales, con los que ella habría tramitado decenas de créditos que luego no fueron pagados. En algunos casos, además, la acusación sostiene que se habrían quedado con propiedades de los damnificados. La fiscalía mencionó al menos tres domicilios que habrían quedado en poder de Godoy y que pertenecían a una víctima ya fallecida; según la causa, la investigada tenía amplios poderes sobre esos inmuebles y los puso a su nombre después de la muerte del propietario.
La investigación contempla por ahora siete víctimas y avanza sobre maniobras de estafa y despojo patrimonial. Godoy, que registra una condena previa por otros hechos, continuará con prisión preventiva por seis meses mientras se profundiza la pesquisa. Los inmuebles en cuestión figuran a nombre de las víctimas en los registros oficiales, aunque la causa indica que quienes viven allí serían los propios imputados, incluidos los hijos, parejas e hijos de Godoy, además de su pareja actual. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones.
