La UFI CAVIG investiga a un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, sospechado de haber usado fotos de sus compañeras para crear imágenes sexuales falsas con inteligencia artificial. La causa ya reúne al menos 16 denuncias y continúa en etapa de investigación preliminar. El expediente está a cargo del fiscal Alberto Martínez.
El estudiante investigado fue identificado como Sebastián García Pérez y es representado por la abogada María Filomena Noriega. Según el material incorporado a la causa, asiste a clases en la universidad junto a varias de las denunciantes. La sospecha apunta a la generación de llamados “deepfakes”, montajes creados con inteligencia artificial que simulan escenas reales.
La pesquisa avanzó tras un allanamiento en una vivienda de Rawson, ordenado por el juez de Garantías Javier Figuerola a pedido de los investigadores. El procedimiento se realizó unas dos semanas antes de que el caso trascendiera públicamente. En ese operativo, la Brigada de la UFI secuestró un teléfono iPhone, una tablet y una computadora para peritarlos.
Medidas cautelares La Justicia dispuso además una prohibición de acercamiento y de contacto que alcanza a las denunciantes y a la Facultad de Ingeniería. García Pérez no puede asistir de manera presencial a la UNSJ ni acercarse a menos de 200 metros de las jóvenes, y tampoco puede comunicarse con ellas por ningún medio. La medida se ordenó cuando la causa tenía solo dos denunciantes y luego se amplió con el incremento de presentaciones.
Por el momento no existe imputación penal contra el estudiante y el expediente sigue en una instancia preliminar. Los investigadores deben analizar el contenido de los dispositivos secuestrados para establecer si hubo creación, guarda o difusión de las imágenes denunciadas, y si intervino otra persona. Si no se acreditan delitos previstos en el Código Penal, la causa podría derivar en la Justicia de Faltas bajo una eventual figura de acoso virtual u otra contravención.
Marco legal El caso expone un vacío normativo: la Argentina no cuenta con una figura penal específica para la creación de imágenes sexuales falsas con inteligencia artificial sin consentimiento. Aun así, la práctica puede ser evaluada como una forma de violencia digital y, según lo que surja del peritaje, encuadrar en otras figuras ya previstas por la ley. La definición dependerá del análisis técnico de los equipos secuestrados y de la prueba que se incorpore en las próximas actuaciones.
