La Justicia de San Juan ordenó dos meses de prisión preventiva para un hombre de 38 años, peón de finca, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra durante varios años mientras convivían en el mismo domicilio. La joven, que hoy tiene 18 años, habría comenzado a sufrir los abusos cuando tenía 9.
La resolución fue adoptada por el juez de Garantías Diego Sanz durante la audiencia de formalización, tras escuchar al Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG, y a la defensa oficial. Además, el magistrado fijó un plazo de nueve meses para la investigación preparatoria.
El caso tomó impulso el 9 de julio, cuando una tía de la joven realizó la denuncia ante la Policía. Hasta entonces, según se expuso en la audiencia, la situación se habría mantenido dentro del ámbito familiar, sin intervención de las autoridades.
Tras la presentación, se dispusieron medidas de protección, entre ellas una restricción de acercamiento, mientras el acusado continuaba en libertad. Con el avance de la investigación, la Fiscalía pidió formalizar la imputación y ordenar la detención preventiva, al considerar la gravedad de los hechos y los riesgos procesales.
Durante la audiencia, Panetta incorporó elementos que, según la acusación, respaldan el relato de la víctima. Entre ellos mencionó registros de la historia clínica de hospitales públicos y precisó que, a los 15 años, la joven atravesó un embarazo. El 26 de octubre de 2023 se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), cuando cursaba 11 semanas de gestación.
La madre de la adolescente declaró durante la investigación que desconocía que el embarazo pudiera estar vinculado con el acusado y aseguró que su hija le había dicho que mantenía una relación con un joven. Cinco días después de la intervención, el 31 de octubre de 2023, se le colocó un implante anticonceptivo subdérmico con autorización materna.
De acuerdo con la exposición fiscal, los abusos habrían continuado después de esos episodios y se habrían intensificado hasta que la joven cumplió 17 años. La investigación también sumó la intervención de una profesional de la psicología que asistió a la denunciante el día de la presentación.
Según lo planteado por el Ministerio Público, la especialista observó un relato coherente, lógico y concordante, sin indicadores de que hubiera sido preparado o impuesto. De todos modos, durante la etapa investigativa se realizará una pericia psicológica para profundizar esa evaluación y se incorporarán nuevos testimonios y otras pruebas.
La defensa oficial, integrada por Maira Elías y Daniela Emín, en representación de la defensora oficial Sandra Leveque, negó los hechos atribuidos y cuestionó la calificación legal. También se opuso a la prisión preventiva al considerar que se trata de una medida excesiva para esta instancia.
Entre sus argumentos, señaló que el imputado no registra antecedentes penales, que la causa está en una etapa inicial y que se presentó ante las autoridades cuando fue citado. El acusado, por su parte, se mantuvo en silencio durante la audiencia.
Al resolver, Diego Sanz entendió que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa preliminar, la posible existencia del delito investigado. También evaluó el riesgo de fuga, al considerar que el hombre dejó la vivienda que compartía con su pareja y sus hijastros y pasó a residir en el domicilio de un hermano, además de que su actividad laboral vinculada con la cosecha no está registrada formalmente.
El juez también advirtió un posible peligro de entorpecimiento de la investigación, dado que todavía restan producir distintas medidas y recibir testimonios. En ese marco, concluyó que la libertad del imputado podría abrir la puerta a contactos o influencias sobre personas vinculadas con la causa.
Con esos fundamentos, ordenó que permanezca detenido durante dos meses y dispuso un plazo de nueve meses para avanzar con la investigación preparatoria. En su resolución, además, incorporó la perspectiva de género y citó la Convención de Belém do Pará, que compromete al Estado argentino en materia de prevención y protección frente a la violencia contra las mujeres.
La causa seguirá ahora en etapa de instrucción, mientras Fiscalía busca consolidar la prueba y definir los pasos procesales siguientes. La prisión preventiva dictada en esta instancia es una medida cautelar y no implica, por sí sola, una condena.
