La investigación por el saqueo a la casa de Ángela "Lita" Álvarez, jubilada de Santa Lucía, derivó en una acusación más grave después de que los estudios histopatológicos confirmaran que murió por asfixia por sofocación. Esa conclusión cambió el encuadre inicial de la causa, que había comenzado como un delito contra la propiedad. Con ese resultado, la Fiscalía pidió ampliar la investigación y modificar la calificación legal del hecho.
El episodio ocurrió entre el 23 y el 27 de julio, cuando un grupo ingresó en varias oportunidades a la vivienda ubicada en el barrio Alberdi. Según la investigación, de la casa se llevaron electrodomésticos, muebles y ropa de cama. Un vecino advirtió a dos personas cuando intentaban sacar la heladera en un carro enganchado a una bicicleta y logró reducir a uno de ellos, identificado como Gabriel Alejandro Pozo.
Al arribar personal de la Comisaría 5ta, el cuerpo de Álvarez fue hallado junto a su cama, en avanzado estado de descomposición. En un primer momento, esa condición impidió establecer con precisión la causa de muerte. Por ese motivo, la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, había avanzado inicialmente con una imputación por hurto simple.
Nuevo encuadre penal Los resultados de los estudios histopatológicos modificaron el panorama procesal. La autopsia estableció una muerte violenta por asfixia y, con esa evidencia, la Justicia hizo lugar al pedido fiscal. Los cuatro detenidos quedaron imputados como coautores de robo seguido de muerte, figura prevista en el artículo 165 del Código Penal, con penas de 10 a 25 años de prisión.
El juez de garantías Pablo León extendió a un año la investigación penal preparatoria, que es la etapa previa al juicio, y dictó un año de prisión preventiva para los acusados. Los imputados son Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera. La causa sigue abierta para determinar qué participación tuvo cada uno en la muerte de Álvarez.
Medidas pendientes La pesquisa también continúa sobre otros dos sospechosos prófugos y sobre el análisis de cámaras de seguridad de la zona correspondientes a los días del hecho. En paralelo, la Fiscalía incorporó los antecedentes penales de los detenidos: Flores registra cinco condenas en flagrancia, Videla una condena de tres años de prisión efectiva dictada en 2023 y Vera dos condenas previas por robo. La próxima instancia relevante será el avance de la investigación penal preparatoria, que quedó prorrogada por un año.
