La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPM) confirmó que participará de las “Rondas de Negocios RIGI” convocadas por el Ministerio de Economía de la Nación para el 29 de octubre en Rosario, pero planteó que las nuevas inversiones mineras deben generar una mayor inserción de empresas, trabajadores y proveedores de las provincias donde se desarrollan los proyectos. La entidad sostuvo que el objetivo no debería limitarse al ingreso de compañías de otras jurisdicciones. El planteo se inscribe en la discusión sobre cómo se distribuye el impacto económico de los proyectos de gran escala.
Integración local
La FAPM está presidida por Manuel Gómez Bello y representa a decenas de proveedores mineros de las provincias productoras. Según su comunicado, acompañará las iniciativas orientadas a fortalecer la cadena de valor minera, aunque mantendrá su compromiso con sus socios, las autoridades provinciales y las comunidades vinculadas a la actividad. En ese marco, reclamó que las empresas locales tengan una participación efectiva en los proyectos. La entidad advirtió que la llegada de capital no debería quedar desconectada del desarrollo productivo en los territorios donde se extraen los recursos.
Antecedente de Catamarca
La federación, integrada por las cámaras de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, puso como antecedente el caso de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. Sostuvo que, tras más de 20 años de producción, ese proyecto no dejó en la provincia “lo que debería”, según el texto difundido por la entidad. También señaló que durante su desarrollo ingresaron empresas grandes, medianas y pequeñas de otros puntos del país, algunas sin presencia física permanente en la provincia. La FAPM cuestionó además que no se haya producido un desarrollo suficiente de capacidades y mano de obra local vinculadas con la minería.
Riesgo de conflicto social
Para la Federación, ese antecedente debe ser tenido en cuenta frente al nuevo ciclo de inversiones que atraviesa la minería argentina, impulsado por proyectos de cobre, oro, litio y otros minerales críticos. La organización vinculó la baja participación local con posteriores resistencias a la actividad minera en determinados sectores de Catamarca, que incluyeron protestas y episodios de violencia. En ese punto, cuestionó lo que denominó la “federalización de la cadena de valor” cuando, según su planteo, implica que empresas de otras jurisdicciones ejecuten los principales contratos sin radicación ni desarrollo productivo en las provincias donde están los recursos.
Normas provinciales
Frente al nuevo escenario de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la FAPM destacó que las provincias productoras avanzaron en normas para fortalecer la participación de empresas locales y preservar la aceptación social de la minería. Según la entidad, esas regulaciones fueron diseñadas especialmente para las localidades del interior cercanas a los grandes proyectos. La organización remarcó que no buscan impedir la llegada de proveedores de otras jurisdicciones, sino establecer condiciones para que una parte de la actividad económica permanezca en los territorios donde se desarrollan las iniciativas.
Condiciones de radicación
La Federación sostuvo que las compañías que desembarquen para prestar servicios deben respetar las regulaciones provinciales. “La normativa es clara y está hecha para cumplirse”, señaló. También afirmó que cumplir esos requisitos no debería ser un obstáculo para empresas con estrategia de largo plazo en las provincias mineras. En particular, pidió que se radiquen efectivamente en los territorios, abran oficinas, contraten personal local y contribuyan al desarrollo de nuevos proveedores. Para la entidad que lidera Gómez Bello, ese proceso permitiría reducir riesgos de conflictos futuros y fortalecer el vínculo entre las inversiones mineras y las comunidades. La discusión seguirá en las rondas de negocios del 29 de octubre en Rosario.
