El Poder Ejecutivo envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que eleva las penas para quienes exploten recursos naturales en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin permiso del Estado argentino. La iniciativa lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo. Según el texto, la medida responde a la continuidad del operativo activado por cadena nacional tras registrarse un avance en las actividades de Sea Lion, la plataforma petrolera operada por empresas extranjeras a más de 200 kilómetros de las islas y sin habilitación argentina.
Alcance penal La propuesta deroga la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, que limitaba las sanciones a la actividad hidrocarburífera. El nuevo esquema amplía el universo de conductas punibles a todas las formas de aprovechamiento de recursos naturales, renovables y no renovables, en el área bajo disputa. Para quien explore o explote recursos naturales no renovables sin autorización, el proyecto fija penas de 12 a 20 años de prisión. Si la actividad involucra extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala sube a 15 a 20 años, con multas que pueden llegar a 3 millones de barriles de petróleo equivalentes.
Sanciones a terceros El texto también prevé castigos para proveedores de bienes o servicios esenciales que colaboren con conocimiento del destino ilícito de su aporte. En esos casos, la pena prevista es de 5 a 7 años de prisión. Para las empresas involucradas, las multas se ubican entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. Además, el proyecto incorpora sanciones administrativas que incluyen inhabilitaciones de 5 a 20 años para ejercer actividades económicas, suspensiones de hasta 30 años, revocación de habilitaciones y pérdida de beneficios impositivos. También crea un Régimen de Desistimiento y Regularización, que permite abandonar la actividad irregular mediante el pago de una multa.
Nuevo esquema de seguridad Más allá del capítulo penal, la iniciativa crea un Sistema de Seguridad Nacional con un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la secretaria Legal y Técnica. Ese organismo tendrá a su cargo la definición de infraestructuras críticas y el diseño de protocolos frente a aeronaves y buques considerados hostiles. El texto prevé una escala de respuestas que va desde advertencias hasta medidas excepcionales, siempre con autorización presidencial expresa.
Herramientas económicas El proyecto reforma además la Ley de Defensa Nacional, habilita restricciones cambiarias y bloqueo de fondos, y contempla aranceles de hasta 75% como sanción económica. También prohíbe el financiamiento electoral proveniente del exterior y eleva a rango legal el Registro RePET, que identifica entidades vinculadas al terrorismo. Con su ingreso a Diputados, la discusión queda abierta en un Congreso atravesado por otros proyectos de alto impacto, entre ellos el presupuesto y la Reforma Política.
El tratamiento legislativo se dará en un calendario que se estrecha a medida que avanza el proceso preelectoral. El texto enviado por el Poder Ejecutivo pasa ahora a la etapa parlamentaria, donde deberán definirse eventuales modificaciones, dictámenes y los tiempos de debate en ambas cámaras.
