La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda integrada por siete personas, entre ellas tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), acusada de adulterar registros migratorios para facilitar residencias permanentes irregulares a médicos colombianos. Según la pesquisa, la maniobra buscaba que esos profesionales se instalaran en Argentina para ejercer su actividad sin cumplir los plazos mínimos de permanencia exigidos por la ley.
La investigación se inició en junio de este año a partir de una denuncia de la Dirección Técnica Jurídica de la DNM, que detectó asientos presuntamente apócrifos en sus registros. Intervino el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del dr. Federico Hernán Villena, con la Secretaría N° 15 del dr. Lucas Lacau, y la pesquisa quedó en manos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA.
De acuerdo con la causa, los investigadores identificaron a tres empleados de Migraciones que habrían insertado registros de ingreso al país de carácter fraudulento. Hasta el momento, fueron individualizados 101 ciudadanos colombianos, todos médicos, vinculados con la maniobra. El expediente sostiene que los trámites se iniciaban con ingresos legales al país, pero luego los solicitantes regresaban a su lugar de origen y terceros manipulaban la documentación para simular reingresos.
Modo de operación
Según la reconstrucción judicial, cuando se acercaba el vencimiento del plazo para evitar la caducidad del trámite por ausencia del solicitante, integrantes de la banda utilizaban las cédulas de identidad dejadas por los interesados para generar registros de ingreso apócrifos. Para hacerlo, habrían recurrido a la manipulación biométrica de imágenes fotográficas tomadas a terceros no involucrados, que eventualmente pasaban por las ventanillas de Migraciones. Con esa simulación, los médicos colombianos aparecían como si hubieran regresado a territorio argentino y podían sostener sus expedientes pese a encontrarse en el exterior.
Con las pruebas reunidas, el juzgado ordenó 10 allanamientos en los barrios porteños de Floresta y Almagro, y en las localidades bonaerenses de Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada. En esos procedimientos fueron detenidas siete personas: cuatro mujeres, dos argentinas de 35 y 39 años y dos paraguayas de 38 y 47, y tres hombres argentinos de 38, 38 y 39 años.
Secuestros y cargos
Durante las medidas judiciales se incautaron 14 teléfonos celulares, tres vehículos, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives, más de 5.000 dólares, 100 euros y 7.000 pesos argentinos, además de certificados de residencia y otra documentación de interés para la causa. Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor, imputados por violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas. La causa seguirá con pericias sobre la documentación y los dispositivos secuestrados para establecer el alcance de la operatoria.
