La situación judicial de Fernando Cerimedo sumó una nueva medida en Bolivia: un juez dispuso una segunda prisión preventiva, esta vez en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La resolución fue adoptada mientras el consultor político argentino ya permanece detenido por otra causa en Santa Cruz de la Sierra. La nueva medida amplía el frente procesal que enfrenta en ese país y abre la posibilidad de un traslado a un penal de máxima seguridad.
La decisión fue tomada por el juez Douglas Borda tras una audiencia virtual que se extendió durante unas 6 horas. El magistrado fijó un plazo de 6 meses de detención preventiva y estableció como destino el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz. Ese establecimiento es de máxima seguridad y la aplicación efectiva de la medida dependerá de la ejecución judicial y penitenciaria correspondiente.
Otra causa en curso Cerimedo continúa alojado en Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde cumple otra prisión preventiva vinculada a la presunta tentativa de feminicidio de su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, de 33 años. Según la información incorporada al expediente, Beller sobrevivió tras recibir 3 disparos. En paralelo, el consultor también enfrenta investigaciones por violencia intrafamiliar y legitimación de ganancias ilícitas, además de una causa abierta por una presunta vinculación con el tráfico de drogas.
La defensa y la acusación El abogado Ernesto Giraldes, defensor de Cerimedo, cuestionó la nueva resolución y sostuvo que la Fiscalía no acreditó de qué manera su representado habría provocado un perjuicio al Estado. También expresó preocupación por un eventual traslado a Chonchocoro y advirtió sobre riesgos para la integridad del acusado. Durante la audiencia, Cerimedo rechazó las acusaciones y afirmó: “Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”.
Patrimonio bajo examen Uno de los elementos analizados por la Fiscalía es el dinero secuestrado en allanamientos. Según la acusación, los investigadores encontraron unos USD 500.000 en efectivo, además de bolivianos y euros. En su declaración, Cerimedo sostuvo que sus ingresos anuales rondan el USD 1 millón y atribuyó esos recursos a su actividad profesional como consultor y estratega de campañas políticas. También negó haber intentado escapar de la Justicia y rechazó la versión de que habría buscado abandonar Bolivia para eludir las investigaciones.
Cruce político y próximos pasos La audiencia estuvo atravesada por un cruce político cuando el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, intervino para pedir que Cerimedo fuera trasladado a Chonchocoro. El acusado negó haber tenido la influencia dentro del Gobierno que le atribuyó el segundo mandatario y también rechazó ser asesino, narcotraficante o una persona violenta. Además, cuestionó la participación de Lara en la audiencia por considerarla una posible presión sobre el proceso. En paralelo, el presidente Rodrigo Paz tomó distancia y aseguró públicamente que Cerimedo nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno boliviano ni a su familia. Mientras se define cómo se ejecutará la nueva orden de detención, el consultor continúa privado de su libertad y bajo investigación en varios expedientes.
