El abogado Mariano Domínguez, representante de un grupo de padres de estudiantes de colegios preuniversitarios, presentó ante la Justicia Federal un amparo colectivo para garantizar el dictado de clases y recuperar los días perdidos por las medidas de fuerza docentes. La presentación incluye una medida cautelar y quedó a la espera de la asignación del juzgado que tendrá a cargo el expediente. El planteo se apoya en la continuidad del conflicto y en el impacto sobre el calendario académico.
Domínguez sostuvo que, según el relevamiento que expuso en Radio Sarmiento, los alumnos acumulan 38 días sin clases en lo que va del año por las medidas de fuerza. Señaló que el reclamo se basa en el derecho constitucional al acceso a la educación y en la normativa educativa nacional, que fija mínimos de días de clase efectiva. En su interpretación, la situación compromete el cumplimiento de esos parámetros.
Alcance del planteo El abogado explicó que el amparo fue presentado bajo la modalidad de amparo colectivo porque, según su criterio, los estudiantes de los colegios preuniversitarios conforman un grupo con derechos afectados en común. También afirmó que el objetivo no es cuestionar el derecho de los docentes a reclamar por salarios ni a ejercer protesta, sino establecer límites cuando el ejercicio de un derecho impacta sobre terceros. “No se está cuestionando la legitimidad del derecho de los docentes a su salario y el derecho a ejercer la protesta legítima”, dijo.
Marco normativo Durante la entrevista, Domínguez mencionó la existencia de normativa que fija un piso de entre 180 y 190 días de clase efectiva y sostuvo que, con las jornadas perdidas, ese calendario no se estaría cumpliendo. También hizo referencia a una regla que exige un funcionamiento mínimo del 75% en actividades consideradas esenciales, a la que consideró aplicable en futuros conflictos. Aclaró, no obstante, que no plantea que un derecho sea superior a otro, sino que corresponde definir en qué medida pueden ejercerse sin afectar a la otra parte.
Medida cautelar y contingencia Uno de los puntos centrales del escrito es la solicitud de una medida cautelar para que el tribunal adopte una decisión inmediata mientras tramita el fondo del amparo. Domínguez señaló que, si la Justicia avanza, la universidad deberá explicar de qué manera puede garantizarse el cumplimiento de los mínimos educativos. También pidió que se elabore un plan de contingencia para recuperar los días de clase perdidos y evitar que la afectación continúe. Según dijo, no corresponde trasladar a los alumnos ni a sus familias la responsabilidad por las consecuencias del conflicto.
Antecedentes y próximos pasos El abogado indicó que, de acuerdo con su conocimiento, existen pocos antecedentes de amparos colectivos vinculados con educación en el país y sostuvo que esta presentación podría ubicarse entre las primeras de ese tipo. También aclaró que las referencias a presuntas presiones o amenazas a estudiantes no fueron incorporadas al planteo inicial, porque se trataría de situaciones particulares que deberán analizarse caso por caso. El expediente quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá resolver primero sobre la cautelar y luego sobre el fondo del reclamo.
