El periodista sanjuanino José María Cabral, de 58 años y titular del portal Después de Todo, quedó detenido e imputado por amenazas coactivas y extorsión reiterada, a partir de una denuncia presentada el 8 de septiembre. La causa fue formalizada ante la Justicia y, según el Ministerio Público Fiscal, el acusado habría utilizado información íntima de una mujer para exigirle dinero y cubrir gastos personales. La defensa rechazó la acusación y pidió su libertad.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el vínculo entre Cabral y la denunciante comenzó hace más de una década, cuando habrían mantenido una relación en 2012. En ese período, el periodista habría tenido acceso a material privado de la mujer. Luego de varios años sin contacto, ambos volvieron a comunicarse en 2022, y desde entonces, siempre según la investigación, se habría iniciado una secuencia de pedidos de dinero y presiones sostenidas en el tiempo.
La hipótesis fiscal sostiene que el acusado habría amenazado con difundir fotografías íntimas y otros aspectos de la vida privada de la denunciante si no cumplía con sus exigencias económicas. En el expediente figuran gastos que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido afrontados por la mujer, entre ellos computadoras, accesorios tecnológicos, teléfonos, ropa y consumos cotidianos. Solo en notebooks y elementos informáticos, la fiscalía estimó desembolsos superiores a los 2 millones de pesos.
La investigación también ubica parte de los hechos mientras Cabral residía en España. Según la acusación, desde ese país habría seguido reclamándole dinero a la mujer para solventar sus gastos personales. Entre los elementos incorporados al expediente aparecen conversaciones que, para la fiscalía, muestran pedidos de dinero y mensajes intimidatorios. Además, se sumó un episodio de noviembre del año pasado, en el que el periodista habría dicho que había comprado un arma y que dispararía contra la denunciante si cuestionaba sus reclamos.
Deuda y medidas cautelares
La denunciante habría recurrido a préstamos y créditos para responder a las exigencias atribuidas al imputado. Según la investigación, el monto acumulado de esas obligaciones rondaría los 30 millones de pesos. El expediente también señala consecuencias en el plano personal: el matrimonio de la mujer, de cuatro décadas, terminó en medio del conflicto. Un informe psicológico incorporado a la causa describió alteraciones del sueño, manifestaciones somáticas, dificultades vinculares y rasgos compatibles con un trastorno por estrés postraumático crónico.
Audiencia judicial
En la audiencia realizada ante el juez de Garantías Diego Sanz, los fiscales Alejandro Mattar y Rosana Riveros formalizaron la acusación y pidieron seis meses para la investigación penal preparatoria. También solicitaron 60 días de prisión preventiva, con el argumento de la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de resguardar a la denunciante. La defensa oficial, a cargo de Cecilia Mut, negó que se haya configurado una extorsión y sostuvo que los pedidos de dinero podrían interpretarse como parte de un vínculo de confianza. La resolución sobre la libertad del imputado y el avance de la causa quedará ahora en manos de la Justicia.
