Un nene de 5 años, identificado como Theo Sabo, murió en Peoria, Arizona, luego de permanecer más de dos horas y media encerrado dentro de un auto estacionado frente a su casa, con una temperatura ambiente superior a los 40 °C (106 °F). El hecho ocurrió el 13 de septiembre y derivó en una investigación judicial sobre las responsabilidades parentales y las circunstancias en que el menor quedó dentro del vehículo. La secuencia terminó después de una celebración familiar por un bautismo, a la que asistieron alrededor de 50 invitados.
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, los adultos advirtieron la ausencia del niño cuando alguien preguntó dónde estaba Theo. Entonces lo buscaron en el auto y lo encontraron descompensado. La familia lo llevó a una clínica, donde murió. El caso quedó bajo análisis para determinar cómo se produjo el encierro y qué margen de intervención tuvieron los adultos presentes en la reunión.
Versiones contrapuestas Durante los interrogatorios, surgió un cruce de versiones entre integrantes de la familia. El padre sostuvo ante los detectives que le había pedido expresamente a su hijo de 14 años que bajara a Theo del vehículo al llegar a la propiedad. El adolescente negó esa afirmación y aseguró que nunca recibió esa indicación. Esa diferencia es uno de los puntos centrales de la investigación, porque puede incidir en la reconstrucción de los hechos y en la eventual atribución de responsabilidades.
Intervención judicial En comparecencias separadas ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, la madre del menor pidió entre lágrimas ver a sus otros cuatro hijos, de 18, 15, 14 y 9 años. Su abogada defensora, Leah Dodd, describió el hecho como una “tragedia inimaginable” y planteó que se trató de un malentendido en el marco de una reunión concurrida, con cooperación de los padres con las autoridades. La fiscal Brooke Gaunt, en cambio, remarcó la gravedad del descuido y señaló que el niño permaneció desatendido mientras los adultos estaban en la vivienda.
El tribunal fijó una fianza de 150.000 dólares para cada uno de los progenitores, prohibió la comunicación entre ambos y restringió el contacto con sus hijos a visitas bajo supervisión estatal. La próxima vista judicial quedó fijada para el 21 de septiembre, fecha en la que deberá avanzarse en la definición de las medidas procesales y en la evaluación de las responsabilidades que examina la Justicia.
