El gobierno de Colombia defendió el bombardeo ejecutado la semana pasada contra campamentos de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara la muerte de tres menores. El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo su respaldo a las operaciones militares contra grupos armados y afirmó: "Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario".
Desde su asunción al poder el 7 de agosto, De la Espriella prometió una línea más agresiva frente a los grupos ilegales, con prioridad en operaciones militares ofensivas y el cierre de los diálogos de paz impulsados por su antecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026). En ese marco, su administración informó que ya realizó tres bombardeos. El segundo ocurrió el 27 de agosto en una zona selvática del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, contra campamentos de disidencias lideradas por Alexander Díaz Mendoza, conocido como "Calarcá".
Balance oficial En un comunicado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que recibió diez cuerpos vinculados con las acciones militares en El Guaviare, de los cuales tres correspondían a menores de edad. A su vez, el Ministerio de Defensa indicó que se "neutralizaron" diez combatientes, entre ellos dos menores de 15 años y uno de 16, además de la captura de un adulto y la recuperación con vida de otro menor. La diferencia entre ambas comunicaciones deja abierto el punto sobre la identificación final de las víctimas y el alcance exacto de la operación.
La cartera de Defensa sostuvo que el ataque cumplió con los estándares legales aplicables a los ataques aéreos estratégicos y rechazó el reclutamiento forzado como un "crimen de guerra" y una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En paralelo, el primer bombardeo de esta administración tuvo lugar el 11 de agosto contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela, y generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por su posible impacto sobre civiles.
Reclutamiento forzado El debate sobre la presencia de menores en estructuras armadas volvió a quedar en el centro de la discusión pública. La congresista opositora Verónica Estrada, del Pacto Histórico, pidió explicaciones al gobierno sobre la inteligencia previa, la eventual presencia de menores y las medidas adoptadas para proteger sus vidas. "Los niños reclutados no dejan de ser víctimas porque un grupo armado los haya llevado a la guerra forzosamente", escribió en su cuenta de X.
La Defensoría del Pueblo también reclamó precauciones para proteger a niños y adolescentes reclutados por grupos armados. Según datos recientes citados en la nota original, al menos 97 menores fueron reclutados forzosamente entre enero y julio, con incidencia en departamentos como Cauca y Nariño, en el suroeste, y Norte de Santander, en el noreste. Con esos antecedentes, el caso de Guaviare queda ahora sujeto a eventuales aclaraciones oficiales sobre inteligencia, proporcionalidad de la fuerza y responsabilidad en la identificación de las víctimas.
