El Reino Unido respondió al discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU y reafirmó que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, junto con las zonas marítimas circundantes. En un comunicado difundido por sus representantes ante las Naciones Unidas, sostuvo además que el desarrollo de hidrocarburos en el archipiélago “es legítimo”. La declaración volvió a exponer el desacuerdo entre ambos gobiernos en un tema que combina reclamo territorial, recursos energéticos y derecho internacional.
Autodeterminación
En el mismo texto, las autoridades británicas señalaron que su vínculo con los territorios de ultramar se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. También afirmaron que Argentina niega que ese derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las islas y que busca hacer valer su reivindicación de soberanía en foros internacionales. Según el comunicado, esa conducta es “totalmente incompatible” con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y no responde a lo que el Reino Unido espera de una democracia.
La posición británica fue presentada formalmente por Downing Street, a través del secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, después de que Milei ratificara el reclamo de soberanía nacional en su exposición ante la Asamblea General. En ese marco, el Gobierno británico también notificó que no negociará la soberanía de las islas sin el consentimiento de sus habitantes, a quienes identificó como kelpers. Ese criterio se apoya en el principio de autodeterminación, que en este caso fue colocado por Londres como condición previa para cualquier conversación sobre el estatus del archipiélago.
Conflicto por el petróleo
La discusión se concentró además en el proyecto petrolero Sea Lion, después de que el Gobierno nacional implementara sanciones y enviara al Congreso un paquete legislativo para penalizar a las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en las islas, considerada por la administración argentina como ilegal por no contar con autorización del país. Esa medida fue rechazada por el Reino Unido, que la calificó de “inaceptable” por implicar jurisdicción extraterritorial y afectar el libre comercio internacional. El eje del conflicto quedó así asociado tanto a la explotación energética como a la discusión sobre la validez de las sanciones.
Desde la Cancillería argentina, en tanto, se reiteró el pedido al Reino Unido para que cumpla con sus “obligaciones internacionales de descolonización” y se subrayó la necesidad de reanudar el diálogo “de manera pacífica”. La respuesta británica cerró, por ahora, cualquier margen para una negociación sobre soberanía sin la participación de los habitantes de las islas. El próximo punto a seguir es la evolución de las sanciones y del tratamiento legislativo en el Congreso, en paralelo con el avance del proyecto Sea Lion.
