El Senado se metió de lleno en el debate del Súper RIGI, el proyecto del gobierno nacional que busca atraer inversiones millonarias. Este miércoles se realizó la última reunión informativa en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General. Después de esto viene la firma del dictamen y, si todo marcha, el tratamiento en el recinto.
La reunión arrancó a las 16 en el Salón Azul y marcó el cierre de la etapa de debate en comisiones. Las reuniones las encabezaron Agustín Monteverde, Martín Goerling Lara y Nadia Márquez, cada uno a cargo de su comisión.
La semana pasada expusieron funcionarios del área económica, entre ellos Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva. Los representantes del gobierno defendieron la iniciativa y respondieron las consultas de los distintos bloques.
¿Y qué tiene de distinto este Súper RIGI con el original? El nuevo esquema toma como antecedente el RIGI de la Ley Bases de 2024, pero apunta a otro tipo de inversiones. Mientras el régimen original se enfocaba en infraestructura y recursos naturales, este busca mega inversiones en inteligencia artificial, biotecnología y energías renovables.
El proyecto contempla actividades que todavía no están desarrolladas en Argentina o que están en etapa experimental. Para entrar al régimen hay que poner un mínimo de mil millones de dólares, una cifra bastante más alta que los doscientos millones del RIGI original.
A cambio, las empresas que entren tendrán beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, con una estabilidad de treinta años en esas materias. El RIGI original tenía vigencia de dos años con posibilidad de extenderse uno más, mientras que el Súper RIGI establece cinco años con prórroga de uno.
El nuevo régimen es más restrictivo con las actividades: quedan afuera los proyectos de recursos naturales e infraestructura, y los emprendimientos que ya existen y quieren ampliar. González Casartelli definió al Súper RIGI como un programa para proyectos estratégicos que "todavía no están en el mapa".
Lavigne sostuvo que el objetivo es la industrialización de los recursos naturales y que Argentina entre a sectores tecnológicos de vanguardia, donde sin incentivos sería difícil competir.
En cuanto a los beneficios, hay reducción de Ganancias al quince por ciento, amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para IVA y contribuciones patronales con alícuota del diez por ciento, y deducción de quebrantos sin límite temporal. Los dividendos tributan al siete por ciento al inicio y bajan al tres coma cinco por ciento después de cuatro años.
También hay exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones para operar. A partir del tercer año, los inversores podrán disponer del cien por ciento de los dólares de sus exportaciones.
Un punto que generó cuestionamientos es la modificación del "Compre Nacional". A diferencia del RIGI original, se flexibiliza la obligación de destinar el veinte por ciento de las compras a proveedores locales. Solo se les podrá exigir cuando las firmas locales ofrezcan precio y calidad equivalentes al mercado internacional. Esto lo incorporó el bloque MID y generó dudas en senadores de la UCR y bloques provinciales.
La oposición también cuestionó los beneficios y su impacto en las empresas locales. El senador Jorge Capitanich puso el foco en la falta de precisión sobre qué son las "nuevas actividades económicas" que entrarán al régimen. Advirtió que hay beneficios para inversiones que todavía no están identificadas concretamente en el texto.
El proyecto también tiene un mecanismo para promover investigación y desarrollo. Las empresas que destinen recursos a I+D o programas de becas locales podrán computar esos gastos por el doble a la hora de alcanzar el monto mínimo de inversión. Pasó en Diputados el 24 de junio con ciento treinta votos a favor, ciento seis en contra y siete abstenciones. Investigadores y universidades rechazaron la iniciativa en una carta abierta donde cuestionan que no hay suficientes contrapartidas en empleo y transferencia tecnológica.
