Después de cinco meses de estancamiento, Argentina y México lograron en las últimas semanas un avance concreto en la negociación del acuerdo automotor. En el último encuentro, realizado hace tres semanas, por primera vez se acercaron posiciones de manera efectiva, en un contexto marcado por el desequilibrio del comercio bilateral y por la necesidad de encontrar una salida que evite mayores costos para el sector.
La discusión se concentró en una fórmula de compensación parcial: México puso sobre la mesa condiciones para habilitar exportaciones agropecuarias argentinas —carne vacuna y bovina, aceite de soja y vinos—, mientras la delegación argentina aceptó esos planteos al considerar que implican una apertura real, aunque limitada, para sus productos. Con ese escenario, Argentina ya dio el visto bueno a los cambios propuestos y ahora aguarda la confirmación oficial del gobierno mexicano para fijar una fecha de firma.
Sin embargo, el entendimiento todavía no está cerrado. Quedan detalles por resolver, entre ellos la duración del acuerdo. Históricamente se renovó cada año, pero las empresas argentinas impulsan que pase a ser indefinido para evitar revisiones anuales que vuelvan a abrir la negociación. La preocupación es que México introduzca nuevas modificaciones y retrase otra vez la definición, una posibilidad que admiten quienes siguen de cerca el proceso.
El avance llega luego de una parálisis que tuvo efectos concretos sobre el mercado argentino. El acuerdo de libre comercio automotor entre ambos países cayó el 18 de marzo y su ausencia comenzó a impactar en el stock de las automotrices e importadores que traen autos desde México. Aunque en un primer momento se sostuvo que había inventarios suficientes para algunos meses, varias compañías empezaron a restringir la comercialización de modelos mexicanos, primero con recortes en la suscripción de planes de ahorro.
El convenio vigente establece un régimen de libre importación hasta un cupo determinado y sin pago de aranceles, un beneficio clave para un país extrazona que, de otro modo, debería afrontar una tarifa del 35%. Ese esquema forma parte del Acuerdo de Complementación Económica N.º 55 del Mercosur, renovado anualmente y actualizado por última vez en abril de 2025, cuando se fijó un cupo de u$s 773 millones sobre el valor FOB de los vehículos, equivalente a unas 27.000 unidades.
La renovación se trabó por diferencias entre los gobiernos. México rechazó durante meses los pedidos argentinos de ampliar el comercio de productos agropecuarios en el marco del ACE 6, y Argentina respondió que no avanzaría con la actualización del ACE 55 sin destrabar antes esos rubros. El trasfondo es un desequilibrio estructural: Argentina no exporta vehículos a México y todo el flujo comercial proviene del país norteamericano, por lo que el objetivo argentino era obtener algún grado de compensación.
A esa tensión bilateral se sumaron factores políticos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, evitó abrir el mercado agropecuario para no generar fricciones con productores locales y concentró su agenda en el conflicto arancelario automotor con Estados Unidos, de una escala mucho mayor que el intercambio con Argentina. En paralelo, la falta de afinidad política con el gobierno de Javier Milei agregó otro obstáculo al proceso.
El impacto de la demora se extendió sobre una amplia lista de modelos. Desde México llegan el Volkswagen Taos, que dejó de producirse en Argentina a mediados de año y pasó a importarse, además de Tiguan y Vento. Nissan enfrenta un escenario similar: discontinuó en Córdoba la producción de la pick-up Frontier y planeaba abastecerse desde México; también importa Sentra y Versa.
La lista incluye además la Ford Maverick y el SUV Bronco Sport, la RAM 2500 de Stellantis, el ZR-V de Honda, el Serie 3 de BMW, los K3 y K4 de Kia y la pick-up Silverado de Chevrolet. Si cualquiera de estos modelos ingresara hoy al país, debería pagar el arancel del 35%, lo que encarecería su precio final. Si bien el impacto no es lineal —porque el tributo se aplica sobre el valor FOB y no sobre el precio de venta—, aun así podría rondar el 20%, un ajuste relevante para vehículos que dependen de este régimen para sostener su competitividad.
En ese marco, el acercamiento entre Argentina y México representa un alivio parcial para las automotrices, aunque todavía no ofrece certezas. La definición final depende de que México confirme lo conversado y no incorpore nuevas exigencias que vuelvan a demorar la firma. Por ahora, el escenario sigue abierto y la posibilidad de nuevas sorpresas no está descartada.
