Este lunes 10 de agosto de 2026 comienza una nueva jornada de acreditaciones para millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La fecha marca el inicio de un cronograma que impacta de manera directa en jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones, en un contexto en el que la actualización mensual intenta amortiguar la pérdida de poder adquisitivo.
Los haberes de este mes registran una suba del 1,89 %, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente y refleja la continuidad de un esquema que vincula los ingresos previsionales con la evolución de la inflación medida por el INDEC.
Además, el calendario contempla la aplicación de un bono extraordinario para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes mínimos. La medida apunta a sostener a los sectores más expuestos en un escenario de inflación persistente y de fuerte dependencia de la asistencia estatal.
En esta jornada cobran las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, para los titulares con DNI terminados en 0. El depósito se realiza en la cuenta bancaria o entidad de pago habitual, según el esquema que ANSES mantiene durante todo el mes.
También perciben hoy su prestación quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con documento finalizado en 0. Se trata de beneficios clave para el sostenimiento de niñas, niños y adolescentes, cuyo pago se concentra en las mismas fechas para simplificar la operatoria administrativa.
La Asignación por Embarazo igualmente corresponde a quienes tienen documento terminado en 0. Esta prestación cumple un rol central en el acompañamiento económico durante el embarazo y su acreditación en término resulta decisiva para garantizar continuidad en la cobertura estatal.
Por último, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se abonan hoy a los titulares con DNI finalizados en 0 y 1. Este universo reúne a personas que no acceden al sistema contributivo y dependen de una política de protección social orientada a situaciones de vulnerabilidad.
