El Gobierno reforzó en agosto el recorte del gasto público para sostener el superávit fiscal, en un contexto de caída de recursos. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en la Administración Pública Nacional (APN), que representa al 90% del Sector Público Nacional, los pagos se redujeron 7,95% interanual.
El ajuste se concentró en partidas del Presupuesto que, de acuerdo con el mismo informe, son pequeñas en relación con el total del gasto, pero tienen efectos directos sobre provincias, municipios y áreas sociales. La caída de las transferencias discrecionales superó el 60% en el año, lo que trasladó parte del esfuerzo fiscal a los gobiernos subnacionales. En ese esquema, los gobernadores e intendentes quedaron entre los principales absorbentes del recorte.
Metas fiscales y negociación política
Según publicó Ámbito, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encamina a incumplir nuevamente las metas de superávit acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para este año debe reunir $16,2 billones, mientras que en junio la meta había sido de $6,8 billones y el resultado quedó levemente por debajo, luego de un waiver de $1,6 billones. En paralelo, el presidente Javier Milei ratificó esta semana, durante una reunión de la Fundación Libertad y Progreso (FyP), que mantendrá el apretón fiscal hasta terminar con la inflación.
Qué partidas cayeron
El IARAF indicó que en agosto el gasto devengado cayó 9,95%, es decir, las erogaciones autorizadas, mientras que los pagos efectivamente realizados bajaron 7,95%. Entre los rubros con mayores retrocesos figuran las transferencias a provincias y municipios, con una baja de 66,39%; los servicios no personales, con 28,92%; las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, con 16,65%; las jubilaciones y pensiones, con 8,45%; y los gastos en personal, con 6,13%.
En sentido contrario, crecieron las transferencias al sector privado, donde se registran subsidios económicos, con una suba de 14,51%; las transferencias a universidades nacionales, con 9,48%; y las transferencias a otras entidades del sector público nacional, con 2,70%. En el acumulado de ocho meses, el informe señaló que las mayores bajas se verificaron en las transferencias a provincias y municipios, con 63,10%; los servicios no personales, con 17,95%; y las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, con 13,64%.
Impacto en el esquema político
El estudio también advirtió que las jubilaciones y pensiones, aunque muestran una suba proporcional menor, representan entre el 45% y el 46% del gasto primario total, por lo que cualquier variación tiene fuerte incidencia sobre el resultado fiscal. La continuidad del ajuste sobre envíos discrecionales y automáticos a las provincias tiene además una derivación política: el Gobierno necesita negociar con los gobernadores los votos para aprobar leyes en el Congreso. El seguimiento de las transferencias y de la ejecución de agosto será clave para evaluar si la administración nacional logra sostener el superávit sin desviar las metas comprometidas con el FMI.
