El oficialismo retocó la reforma de Tierras y busca avanzar con el debate en el Senado
Tras semanas de conversaciones con aliados, el Gobierno introdujo cambios en el proyecto de Ley de Propiedad Privada para facilitar su tratamiento parlamentario. Las principales definiciones alcanzan el tope a la compra de tierras por extranjeros y una mayor intervención de las provincias.
Luego de varias semanas de negociaciones y postergaciones, el Gobierno acordó una nueva versión del proyecto de Ley de Propiedad Privada con la intención de conseguir este jueves la media sanción en el Senado. Los cambios serán presentados el martes a las 16 en una conferencia encabezada por Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, junto a los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez.
Las modificaciones se concentran en la reforma de la Ley de Tierras, uno de los puntos que más discusión generó entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Desde el espacio oficialista señalaron que las correcciones fueron incorporadas para robustecer la iniciativa y sumar respaldo de cara a la votación.
Entre los cambios principales figura la decisión de fijar un límite a la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque la postura inicial del Ejecutivo era eliminar cualquier restricción, finalmente aceptó un tope que se ubicaría entre el 20% y el 25% de la superficie, por encima del 15% vigente, pero sin llegar a una apertura total.
Otro de los puntos acordados habilita a las provincias a autorizar, regular o rechazar la venta de tierras dentro de sus jurisdicciones, en línea con las competencias que la Constitución Nacional les reconoce sobre sus recursos naturales desde la reforma de 1994. A la vez, el nuevo texto elimina los límites departamentales previstos en la normativa actual.
Si la reforma avanza, el único tope quedará fijado a nivel provincial y cada distrito podrá establecer reglas propias por debajo de ese porcentaje. El proyecto también mantiene el control del Estado nacional sobre las zonas de frontera y otras áreas consideradas estratégicas para la seguridad del país, y prevé la creación de un registro de tierras en manos de extranjeros, tanto nacional como provincial.
Con estas modificaciones, el Gobierno procura reducir las diferencias surgidas durante el debate y avanzar con una de las iniciativas centrales de su agenda legislativa antes de que el calendario electoral complique la construcción de acuerdos en el Congreso. En paralelo, sectores de la oposición y organizaciones autoconvocadas anunciaron una movilización frente al Congreso para expresar su rechazo a la flexibilización de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.