Vicuña y la línea de 500 kV: una pulseada que empezó en febrero y se cerró en julio

Tras la resolución en Marzo, operadoras mineras, municipios de Jáchal e Iglesia y La Rioja hicieron oposiciones fundadas a lo que establecía dicha resolución que le daba prioridad de uso a una línea, que a entender de los que se oponían era un bien privado que había sido financiado por los usuarios y la provincia.

El conflicto por el uso de la línea Nueva San Juan–Rodeo se abrió formalmente el 18 de febrero de 2026, cuando el entonces ENRE dictó la Resolución 79/2026, que dio publicidad al pedido de acceso de Vicuña Argentina S.A. para abastecer 260 MW destinados a la fase I de Josemaría. Esa misma norma también abrió la discusión por las obras de ampliación: la reconversión de la línea a 500 kV, la ampliación de la ET Rodeo y la construcción de la nueva ET Chaparro y su línea asociada.

La reacción no tardó. El 2 de marzo de 2026, el EPRE San Juan presentó su oposición técnica y regulatoria, pidió que no se aprobara el acceso hasta completar estudios más finos y reclamó audiencia pública. Dos días después, el tema ya era una disputa política y sectorial abierta: la prioridad otorgada a Vicuña empezó a ser leída por la provincia y por otros actores mineros como una asignación casi exclusiva de un corredor eléctrico estratégico.

El 6 de marzo de 2026 se sumaron objeciones de Jáchal, Iglesia y Calingasta, además de presentaciones de empresas mineras que advirtieron sobre el riesgo de bloquear capacidad futura en una red que también necesitan otros proyectos. También se sumaron Los Azules, la provincia de La Rioja, Golden Mining, Casposo y otros actores incorporaron nuevas oposiciones, insistiendo en que la prioridad de uso no podía consolidarse sin una discusión pública y sin revisar con detalle la capacidad real del sistema.

La tensión escaló el 17 de marzo de 2026, cuando el ENRE dictó la Resolución 165/2026 y puso el expediente a consideración pública, habilitando el debate formal sobre el pedido de Vicuña. Luego, el 23 de abril de 2026, la Resolución 219/2026 convocó a audiencia pública, que finalmente se realizó el 3 de junio de 2026. Allí, Vicuña defendió que su propuesta no era un privilegio sobre toda la red, sino la prioridad sobre la capacidad incremental que financiaría con sus propias obras; del otro lado, el EPRE y las mineras opositoras insistieron en un esquema de acceso abierto y multiusuario.

Ya en julio, la discusión volvió a concentrarse en el tramo más sensible. El 3 de julio de 2026, el EPRE presentó su postura definitiva y pidió reglas equitativas para acceder a la red, advirtiendo que la infraestructura había sido financiada en parte con aportes provinciales y de usuarios sanjuaninos. Finalmente, el 28 de julio de 2026, el ENREGE dictó la Resolución 330/2026, publicó la decisión el 29 de julio, rechazó las impugnaciones y otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública a favor de las obras impulsadas por Vicuña.

En el camino quedaron los reclamos de muchos actores que hicieron sus planteos, pero que luego de la resolución 330/2026 se llamaron a silencio. De hecho, este medio intentó comunicarse con los jefes comunales de Iglesia y Jáchal y no obtuvieron respuesta.  De manera extraoficial, se supo que Los Azules desistiría de su idea primaria de ir a la justicia por el uso de la línea de 500 kv y en lugar de ello tendrían una opción B, que sería la interconexión eléctrica por Mendoza, que no le impactaría de ningún modo en la provisión eléctrica.

De hecho, en el programa "De Sobremesa", que se emite por Telesol, el Country Manager de Vicuña, José Morea manifestó que "la discusión se trató de manera muy seria en la Cámara Minera", donde el es el presidente, en respuesta a la actitud que podrían haber tomado otros actores del sector en la lucha por la línea de 500 Kv.

Por otro lado, este miércoles, la operadora emitió un comunicado que en uno de los párrafos explica "Vicuña mantiene un diálogo constructivo con el EPRE y las autoridades provinciales para avanzar en un entendimiento que evalúe el reconocimiento de las inversiones realizadas sobre infraestructura eléctrica preexistente, sobre la base de criterios objetivos, razonables y consistentes con el marco regulatorio aplicable", dejando en claro que el objetivo que tienen es el reconocimiento de las inversiones realizadas, en una obra que luego a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Lo que deja la puerta abierta en el plano provincial la empresa seguirá ajustando ítems para acercar posiciones y que se logre un mejor servicio eléctrico que satisfaga la necesidad de la empresa y de todos los sanjuaninos.

Qué dijo Vicuña
Desde la empresa, la línea argumental fue consistente: la prioridad sobre la red no debía interpretarse como una apropiación del sistema existente, sino como el reconocimiento de que Vicuña financiaría ampliaciones nuevas y, por eso, necesitaba prioridad sobre esa capacidad incremental. En la audiencia, además, la compañía explicó que el proyecto no se agotaba en 260 MW: esa era la demanda inicial, pero el complejo podría crecer en etapas posteriores hasta niveles mucho mayores.