El Gobierno ajustó el protocolo para investigar amenazas digitales contra colegios

Ante el incremento de amenazas difundidas en redes sociales contra establecimientos educativos, el Ministerio de Seguridad Nacional modificó el protocolo que ordena la prevención de ciberdelitos en el ámbito escolar. El cambio quedó formalizado este miércoles mediante la Resolución 725/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La norma fija nuevos criterios para la actuación de las fuerzas de seguridad cuando, en una investigación preventiva, aparezcan involucrados niños, niñas o adolescentes. En ese marco, se mantiene la prohibición de recolectar o analizar datos sensibles de menores sin autorización judicial, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

Según el esquema vigente, si una tarea preventiva detecta la participación de un menor, el procedimiento debe detenerse y comunicarse a la autoridad correspondiente. No obstante, la actualización incorpora supuestos en los que esa suspensión no será obligatoria, entre ellos amenazas contra la vida de un menor, casos de desaparición, indicios de autolesiones o suicidio, o situaciones en las que el niño o adolescente sea víctima de un delito informático que requiera sostener el seguimiento.

La resolución también prevé que las tareas preventivas puedan continuar cuando existan elementos que indiquen la posible planificación o difusión de amenazas de violencia masiva contra escuelas u otros espacios públicos. En esos casos, cada intervención deberá quedar debidamente fundamentada y ser informada de manera inmediata a la autoridad a cargo de la investigación.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el objetivo es acelerar la respuesta ante hechos que puedan poner en riesgo a la comunidad educativa, sin desatender la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La medida se enmarca en el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y en el programa FORCIC.