La Casa Rosada busca concentrar en agosto las reformas económicas y los pliegos judiciales

El Gobierno nacional aceleró las conversaciones en el Congreso con la meta de concentrar en agosto dos de los principales movimientos de su agenda legislativa. La estrategia oficial incluyó llevar a una misma sesión de la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, mientras en el Senado buscó avanzar con la designación de jueces para la Cámara Federal porteña.

En Casa Rosada trabajaron para que ambas iniciativas económicas llegaran al recinto hacia fines de mes. La intención fue unificarlas en una sola convocatoria, una modalidad que suele promover Martín Menem, con paquetes amplios de temas y con los votos previamente asegurados. Antes de remitir formalmente la reforma del Banco Central al Congreso, el Ejecutivo evaluó que Javier Milei la presentara en una cadena nacional.

El proyecto sobre el Banco Central fue considerado una de las apuestas centrales del segundo semestre. Propuso limitar el financiamiento directo e indirecto de la entidad al Tesoro Nacional, revisar el esquema de adelantos transitorios y las transferencias de utilidades, y reforzar la independencia de la autoridad monetaria.

En paralelo, el oficialismo impulsó una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa buscó fortalecer el denominado "tapón fiscal", restringir la posibilidad de que ARCA revisara períodos anteriores de quienes adhieran al régimen y facilitar el ingreso de fondos al sistema financiero para su canalización hacia el mercado de capitales.

Desde el Gobierno sostuvieron que ambos proyectos respondían a un mismo objetivo: evitar que futuras administraciones financien el déficit mediante emisión monetaria y generar mayores incentivos para formalizar ahorros que hoy permanecen fuera del sistema. En ese esquema, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) quedó en un segundo plano, pese a contar con dictamen parlamentario.

En el Senado, la prioridad oficial pasó por los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, junto con otras designaciones de jueces, fiscales y defensores. Los expedientes ya habían tomado estado parlamentario y fueron girados a la Comisión de Acuerdos para las audiencias previas al tratamiento en el recinto.

La Cámara Federal porteña es uno de los tribunales más relevantes del país, ya que revisa decisiones de primera instancia en causas vinculadas con corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado. En el oficialismo consideraron que completar esas vacantes fue una prioridad dentro de la política judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, que aceleró el envío de candidatos al Senado y reforzó las negociaciones con los bloques dialoguistas.

De este modo, el Gobierno buscó llegar a agosto con una agenda legislativa concentrada en dos frentes: avanzar con reformas económicas que Milei pretende mostrar como ejes de su gestión y destrabar nombramientos considerados estratégicos para el funcionamiento de la Justicia federal.