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Fraude digital

Condenan a una mujer por una estafa con garrafas en redes sociales que superó $1,9 millones

La Justicia responsabilizó a una sanjuanina de 30 años por una maniobra montada en Facebook y Marketplace con una empresa ficticia. Seis personas resultaron damnificadas y la investigación permitió reconstruir pagos, cuentas y contactos utilizados para concretar el engaño.

Condenan a una mujer por una estafa con garrafas en redes sociales que superó $1,9 millones

Una operación de compra de garrafas que se presentaba como una oferta conveniente terminó en una estafa que afectó a seis sanjuaninos. La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas logró reunir las denuncias y acreditar que detrás de las publicaciones en redes sociales estaba la misma mujer, de 30 años.

De acuerdo con la investigación, entre abril y septiembre de 2024 la acusada difundía avisos en Facebook bajo la supuesta firma "JUAN GAS", ofreciendo garrafas a domicilio. Los interesados se contactaban por WhatsApp y, una vez pactado el pago, transferían el dinero a cuentas de terceros que no pertenecían a ninguna empresa.

Luego de recibir el depósito, el contacto se interrumpía y la mercadería nunca era entregada. En algunos casos, la mujer volvía a escribir para pedir nuevos pagos por supuestos gastos de envío o trámites administrativos. En uno de los hechos, incluso realizó una videollamada para reforzar la confianza de la víctima; en otro, concretó un débito automático desde una cuenta bancaria.

Los montos denunciados oscilaron entre 60.000 y 760.000 pesos, con un perjuicio total superior a 1,9 millones de pesos. Aunque las presentaciones judiciales se habían realizado por separado, los fiscales advirtieron que todas respondían al mismo modo de operar y avanzaron con un cruce de líneas telefónicas, geolocalización, movimientos bancarios y registros de billeteras virtuales.

La pesquisa permitió comprobar que varias de las líneas estaban a nombre de la imputada y que otras habían sido activadas en distintas provincias para dificultar el rastreo. También se detectó que las cuentas receptoras pertenecían a personas de su entorno y que una de ellas estaba asociada a un correo electrónico de la propia acusada, un dato que resultó decisivo para cerrar la prueba.

Con la evidencia reunida por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, la mujer admitió los hechos y aceptó un juicio abreviado. El juez Mario Guillermo Adárvez Camacho la condenó por seis hechos de estafa a tres años de prisión de ejecución condicional, además de imponerle reglas de conducta durante ese período.

Entre esas obligaciones figuran fijar domicilio, presentarse ante el Patronato de Liberados, abstenerse del consumo de drogas y del abuso de alcohol, y desarrollar una actividad laboral u oficio acorde a sus posibilidades. Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron además la importancia de verificar la existencia real del comercio, desconfiar de pagos adelantados y conservar capturas y comprobantes ante eventuales denuncias.

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