Impulsan en la Legislatura bonaerense el cobro de salud y universidad para extranjeros sin residencia permanente

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentó este martes un proyecto de ley para establecer el cobro del acceso a la salud y a la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires a extranjeros sin residencia permanente.

La propuesta recibió el acompañamiento de buena parte de la bancada violeta y también del titular del bloque PRO en la Cámara baja, Alejandro Rabinovich. Según el articulado, la iniciativa busca fijar un régimen de arancelamiento para las prestaciones sanitarias brindadas por establecimientos públicos y para las retribuciones por estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal.

En los fundamentos, Romo sostuvo que "La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses".

El diputado libertario vinculó además su presentación con las críticas surgidas tras la finalización del Mundial 2026. A través de sus redes, expresó: "¿Así que hay extranjeros que estudian gratis en el país y se atienden gratis en hospitales públicos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia".

De acuerdo con el texto, quienes no acrediten residencia permanente, es decir los extranjeros con residencia temporaria o transitoria, deberán solventar el costo de las prestaciones sanitarias por sí mismos, mediante seguro de salud o a través de un tercero obligado. En ese marco, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del SAMO, deberá adecuar y publicar el nomenclador arancelario para que los efectores públicos registren la prestación, identifiquen al sujeto obligado y emitan la liquidación correspondiente una vez promulgada la ley.

El proyecto también establece excepciones. "Ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia con riesgo inminente para la vida; el eventual recupero del costo se tramitaría recién después de estabilizar al paciente", señala el texto.

En materia educativa, la iniciativa alcanza a universidades provinciales de gestión estatal como la Universidad del Sudeste y la Universidad provincial de Ezeiza. En esos casos, los órganos superiores de cada institución serán los encargados de fijar las retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros sin residencia permanente.