El nuevo megaproyecto de desregulación de Milei borra la COVIAR y el fraccionamiento de vino en origen

El Gobierno de Javier Milei se prepara para lanzar una nueva e imponente avanzada desreguladora que, de prosperar en el Congreso, promete cambiar drásticamente la matriz productiva y comercial del país, con un impacto directo e inmediato en la provincia de San Juan. Se trata de un extenso anteproyecto de ley al que accedió parlamentario.com, redactado bajo el ala ideológica del Ejecutivo y el impulso de Federico Sturzenegger, que contiene más de un centenar de artículos y avanza sobre los sectores más diversos.

Para la región de Cuyo, el corazón del texto representa un verdadero terremoto político y económico: la iniciativa propone la eliminación definitiva de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la derogación de la ley de fraccionamiento en origen, dos pilares históricos de la industria madre sanjuanina.

El objetivo declarado por la Casa Rosada es eliminar restricciones "innecesarias", promover la libre competencia, forzar la digitalización total de los mercados y reducir a su mínima expresión la intervención del Estado.

Golpe al corazón vitivinícola: el fin de la COVIAR y cambios en el control
El título dedicado al agro y las economías regionales es, sin dudas, el que mayor revuelo generará en los despachos oficiales y las cámaras bodegueras de San Juan. El anteproyecto estipula la derogación de la Ley 25.849, la norma que dio nacimiento al Plan Estratégico Vitivinícola y a la COVIAR. De aprobarse, la entidad público-privada deberá presentar un informe de cierre, rendir cuentas y proceder a su liquidación, transfiriendo sus fondos remanentes al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Pero los cambios no terminan ahí. El golpe normativo se extiende a la derogación de la Ley 23.149 (de envasado en origen), una bandera histórica de las provincias productoras para defender el valor agregado local. A partir de la nueva ley, se adoptarán prácticas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), se simplificarán los controles estatales y la fiscalización se concentrará únicamente en el tramo final de la cadena comercial. Las sanciones, en tanto, pasarán a medirse bajo el esquema de UVAs.

Las leyes clave que el Gobierno busca borrar del mapa vitivinícola y agropecuario:
Ley 25.849: Creación de la COVIAR y el Plan Estratégico.

Ley 23.149: Obligatoriedad del fraccionamiento y envasado de vinos en origen.

Leyes 13.246 y 14.432: Marcos históricos que regulaban los contratos de arrendamientos y aparcerías rurales desde hace décadas (los contratos vigentes se respetarán hasta su vencimiento).

Fin del aporte al IPCVA: Las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina se eliminarán por completo a partir del 1 de octubre de 2027, pasando a ser voluntarias.

Farmacias y Gas Licuado: cambios de fuerte impacto en el día a día
Otro de los capítulos más sensibles de la reforma toca de lleno la vida cotidiana de los ciudadanos y modifica profundamente la Ley de Farmacias (17.565). El proyecto habilita la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias (en cualquier comercio común), autoriza la venta de remedios con receta a través de canales digitales con entrega a domicilio, y otorga total libertad para fijar horarios de atención. Asimismo, las droguerías podrán vender directo al público si se constituyen como farmacias.

Por el lado de la energía, el anteproyecto crea un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), un insumo clave para miles de hogares sanjuaninos que no cuentan con red de gas natural. El Estado ya no podrá regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad ni condiciones comerciales. La intervención estatal quedará estrictamente limitada a la seguridad técnica, lo que sepulta la histórica Ley 26.020.

De los martilleros a los libros: apertura y "chau" al precio uniforme
La ola liberalizadora alcanza también a las profesiones y la cultura:

Corretaje e inmobiliarias: Desaparecen los requisitos de residencia, las incompatibilidades profesionales, y se prohíbe la fijación de aranceles mínimos, máximos u honorarios obligatorios. Para ser corredor sólo bastará ser mayor de edad y tener título secundario, abriendo el juego a plataformas digitales y cualquier forma societaria.

Cultura y Libros: Se deroga la Ley 25.542 (conocida como la ley de precio uniforme del libro), lo que permitirá a las grandes cadenas o supermercados liquidar o poner ofertas libres sobre los libros, una medida que genera fuerte preocupación en las librerías independientes de la provincia. Además, se elimina la Ley 23.316 de doblaje para televisión.

Traductores Públicos: Ya no será obligatorio traducir al castellano documentos generales, salvo excepciones técnicas o jurídicas exigidas por el Ejecutivo.

Revolución financiera y apertura total en el mar
El ala más técnica del texto —atribuida directamente al diseño financiero del equipo de Sturzenegger— plantea una digitalización absoluta del mercado de capitales y los sistemas de garantías. Se reconocerán legalmente los contratos inteligentes (smart contracts), el uso de tecnología blockchain y las prendas sobre activos virtuales o propiedad intelectual. Los warrants, pagarés y letras pasarán a ser electrónicos con cláusulas libres de indexación, y se otorgará mayor protección a los fideicomisos ante quiebras.

Finalmente, en materia de transporte, el proyecto propone una reforma histórica para la marina mercante: abre el cabotaje a buques extranjeros, permitiendo que operen libremente en territorio nacional. Las exigencias de tripulación argentina para barcos de bandera extranjera serán graduales (0% los primeros 90 días, hasta llegar al 75% recién después del año de operación), y se baja a cero el arancel de importación para buques de hasta 20 años de antigüedad.

A diferencia del DNU 70/23, esta megareforma llegará al Congreso como un proyecto de ley tradicional. Las cartas están sobre la mesa y el debate promete ser feroz, especialmente en las provincias cuyanas, donde la vitivinicultura ya se declaró en estado de alerta ante un texto que promete reescribir las reglas del juego de la economía regional.