Iberte llevó a instancia federal su reclamo por una operación de vino frustrada
Tras el revés recibido en la Corte de Justicia de San Juan, Iberte presentó un recurso extraordinario federal para intentar que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La disputa gira en torno a un contrato por más de 25 millones de litros de vino y a un anticipo de US$ 600.000 que la firma reclama recuperar.
El diferendo judicial entre Iberte S.R.L. y Fraccionadora San Juan sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa recurriera a la vía federal para insistir con su planteo. La presentación busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el expediente, después de que la Corte de Justicia de San Juan rechazara su reclamo.
La controversia se originó en un acuerdo de compraventa por más de 25 millones de litros de vino. Según la posición de Iberte, la firma entregó un anticipo de US$ 600.000, pero sostiene que la bodega solo cumplió con la entrega de 142.300 litros. Con ese argumento, inició una demanda para recuperar US$ 573.674,50.
Durante el trámite, la empresa había obtenido pronunciamientos favorables en primera y segunda instancia. No obstante, la Sala I de la Corte de Justicia de San Juan dejó sin efecto esas resoluciones y rechazó el reclamo al considerar que el llamado "plan de cargas" debía ser coordinado por ambas partes y no constituía una obligación exclusiva de Fraccionadora San Juan. Además, entendió que Iberte no aportó pruebas suficientes sobre un supuesto incumplimiento en las entregas.
En el recurso extraordinario, la compañía cuestionó el fallo por arbitrario y sostuvo que los US$ 600.000 debían ser devueltos porque correspondían a un anticipo de una operación que no llegó a concretarse. También afirmó que la sentencia omitió pronunciarse sobre el presunto enriquecimiento sin causa de Fraccionadora San Juan. Ahora será la propia Corte de Justicia de San Juan la que defina si habilita la elevación del caso al máximo tribunal nacional; en caso contrario, la firma aún podrá acudir mediante un recurso de queja.
El expediente con Fraccionadora San Juan no es el único frente judicial del grupo encabezado por el español Retamero, propietario de AISA, controlante de la mina Gualcamayo. La compañía mantiene otras causas con Jugos Australes y la bodega Galán, ambas en Mendoza, además del proceso que involucra a Fecovita y a la histórica bodega Resero, en Albardón.
Mientras esos litigios avanzan, el grupo sostiene inversiones en San Juan. A los proyectos inmobiliarios vinculados a la ex bodega Cinzano se suma la apuesta minera, con un nuevo pedido de adhesión al RIGI por US$ 1.500 millones para el programa G50, además del régimen ya aprobado para Carbonatos Profundos.
