ARCA aplazó la declaración de Ganancias y mantuvo para julio la fecha de pago

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una nueva prórroga para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, que ahora podrán presentarse hasta el 27 de agosto. La medida no alcanzó a la fecha de cancelación del tributo.

De esta manera, quienes deban cumplir con la obligación impositiva deberán ingresar el saldo hasta el 27 de julio, tal como había quedado establecido tras la primera postergación. ARCA sostuvo que la decisión apunta a "facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

Se trata de la segunda extensión definida por el organismo. El vencimiento original estaba previsto para fines de junio, aunque luego fue trasladado a julio tras una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y referentes del sector tributario. La nueva postergación se resolvió después de otro encuentro con profesionales de ciencias económicas, que reclamaban más tiempo ante la falta de tratamiento legislativo de los cambios previstos para el Régimen Simplificado de Ganancias.

Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, el margen para mover también el pago era acotado porque Ganancias es un impuesto coparticipable y una modificación de ese tipo habría impactado en los ingresos provinciales. "Lo ideal es una prórroga, pero entre lo ideal y lo viable hay una diferencia. El tema es que la recaudación del Impuesto a las Ganancias no solo afecta al Estado nacional, sino también a las provincias porque es un tributo coparticipable", señaló.

La decisión otorga además más tiempo al Gobierno para avanzar en el Congreso con la reforma del régimen simplificado incluido en la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada el 27 de diciembre de 2025 y vigente desde comienzos de febrero. El sistema permite que ARCA calcule el impuesto a partir de la información disponible sobre ingresos y deducciones, y que el contribuyente acepte o cuestione ese monto.

Ese esquema concentra el control en ingresos y deducciones, y deja de exigir la justificación de consumos personales y variaciones patrimoniales dentro de las condiciones previstas. El Gobierno lo presentó como un "tapón fiscal" orientado a facilitar el uso de los denominados "dólares del colchón". Hasta ahora, el acceso está limitado a quienes tienen un patrimonio inferior a $10.000 millones e ingresos anuales menores a $1.000 millones.

La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo eliminaría ambos topes. Los únicos requisitos serían mantener la residencia fiscal argentina durante el período alcanzado y no integrar la categoría de "Gran Contribuyente Nacional". De acuerdo con fuentes oficiales, unas 320.000 personas adhirieron al esquema, aunque solo 170.115 presentaron sus declaraciones juradas.

Las entidades que reúnen a los profesionales en ciencias económicas señalaron que la indefinición legislativa complicaba el asesoramiento a los contribuyentes interesados. "El proyecto brinda la posibilidad no solo de abarcar a un mayor universo de contribuyentes al eliminar los topes de ingresos y patrimonio, sino también al precisar cuestiones que seguramente podrían tener impacto negativo de acuerdo a la normativa actual", sostuvo la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas.

En la misma línea, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas reclamó definiciones antes del vencimiento. "Resulta indispensable contar con las disposiciones legales y reglamentarias definitivas para poder brindar un asesoramiento técnico adecuado y dar respuestas precisas a los interesados", planteó la entidad.

El proyecto también modificaría el procedimiento cuando ARCA detecta "discrepancias significativas" en una presentación. La iniciativa prevé que la persona alcanzada pueda rectificar y cancelar la diferencia dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, sin perder automáticamente los beneficios del esquema.

Además, la discrepancia dejaría de calcularse sobre el saldo final y pasaría a medirse sobre el impuesto determinado. El parámetro porcentual se mantendría en 15%, aunque el contribuyente no perdería los beneficios si la diferencia tampoco superara el 5% del monto previsto para configurar evasión simple.