La Corte arma su Sala para revisar las apelaciones en la megacausa de las expropiaciones

A pocos días del regreso pleno de la actividad en el Poder Judicial tras la feria, quedó confirmada la integración de la Sala de la Corte de Justicia que actuará en la megacausa de las expropiaciones. El camarista civil Ernesto Escobar aceptó intervenir y se sumará a su par Enrique De la Torre y al camarista penal Renato Roca, según fuentes calificadas.

Los magistrados deberán resolver primero si son válidas o no las inhibiciones presentadas por Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez. Esa decisión resulta determinante para el avance del expediente, después de la condena a nueve personas por integrar una asociación ilícita que, de acuerdo con la sentencia, inflaba el valor de terrenos expropiados por el Estado para obtener millones de pesos de las arcas públicas.

Las defensas de los condenados presentaron recursos de casación para impugnar el fallo, cuya revisión quedó en manos del máximo tribunal local. Sin embargo, los cinco ministros también se apartaron por distintas razones vinculadas con el expediente o con vínculos de amistad con algunos imputados, por lo que debió conformarse una Sala con jueces subrogantes.

En ese marco, el caso recayó en Muñoz Carpino e Ibáñez, aunque ambos también se excusaron. Ahora, Roca, De la Torre y Escobar deberán definir si esas inhibiciones corresponden. Si las rechazan, los dos magistrados apartados seguirán en la Sala y solo faltará sumar un integrante más; si las aceptan, los nuevos jueces deberán analizar los recursos de casación presentados por las defensas.

El 4 de julio de 2025, la jueza Silvina Rosso de Balanza, junto a Matías Parrón y Martín Heredia, condenó al abogado Santiago Graffigna como organizador de la asociación ilícita. También recibieron penas Horacio Alday, Carlos Macchi, Mario Díaz, Néstor Ruiz, Ana María Melvin, Juan Pablo Quiroga, Víctor Bustos y José Moreno, con sanciones que van de los 3 a los 7 años y 8 meses de prisión.

La causa se inició en 2010 a partir de una denuncia del secretario General de la Gobernación, Walter Lima, durante la gestión de José Luis Gioja. En el desarrollo del proceso se sucedieron inhibiciones de jueces y fiscales por vínculos de amistad con imputados, hasta llegar al juicio, la condena y la apelación ante la Corte. Entre las excusaciones previas figuran las de Guillermo De Sanctis, Adriana García Nieto, Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, además de las posteriores de Guillermo Baigorrí y Muñoz Carpino.