El Senado frenó el avance de la reforma sobre propiedad privada y el oficialismo ganó tiempo

El Gobierno sumó este jueves un nuevo traspié en el Senado, al no reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las propuestas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Si bien La Libertad Avanza alcanzó el quórum mínimo de 37 senadores para habilitar la sesión, luego no consiguió el respaldo suficiente para avanzar con la sanción de la norma.

Ante esa situación, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La moción fue aprobada por 65 votos a favor, tres en contra y una abstención, lo que permitió al oficialismo evitar una derrota en el recinto y disponer de más tiempo para sostener las conversaciones políticas.

La sesión se puso en marcha con el acompañamiento del PRO, la UCR y legisladores de bloques provinciales, entre ellos representantes de Salta, Misiones y Neuquén. Sin embargo, el apoyo inicial no alcanzó para asegurar la aprobación del proyecto, y con el correr de la jornada quedó claro que varios senadores que habían dado quórum no estaban dispuestos a acompañar la iniciativa.

El principal foco de resistencia estuvo en la modificación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. El texto oficial elimina los límites vigentes para que personas y empresas extranjeras puedan comprar tierras rurales en Argentina. Las restricciones quedarían acotadas a los Estados extranjeros y a compañías con participación estatal extranjera, aunque esos casos también podrían ser autorizados con aval de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional.

En los últimos días circularon distintas versiones del proyecto para intentar sumar apoyos. El último borrador incorporó la posibilidad de que cada provincia fije sus propios límites a la compra de tierras por extranjeros, una concesión que generó diferencias incluso dentro del oficialismo. Desde el Ministerio de Desregulación advirtieron que esa alternativa podría entrar en tensión con el principio constitucional que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos.

La iniciativa también introduce cambios en los regímenes de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego, regularización dominial y registros de la propiedad inmueble. En materia de expropiaciones, plantea una interpretación más restrictiva de la utilidad pública, mejora los criterios de indemnización y exige que el Estado pague antes de tomar posesión del bien.

En cuanto a los desalojos, impulsa procedimientos sumarísimos para acelerar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente y amplía las facultades de la Justicia para ejecutar las órdenes de lanzamiento con apoyo de la fuerza pública. Además, modifica la Ley Pierri de regularización dominial, endurece los requisitos para acceder al beneficio y redefine las restricciones sobre tierras afectadas por incendios forestales, un aspecto que también recibió cuestionamientos de sectores ambientalistas.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta a fortalecer el derecho de propiedad, brindar mayor seguridad jurídica y promover inversiones. La oposición, en cambio, cuestiona sobre todo la flexibilización para la compra de tierras por extranjeros y advierte sobre sus efectos en materia de soberanía territorial y protección de los recursos naturales.

Con la postergación hasta el 6 de agosto, el oficialismo tendrá dos semanas para intentar reunir los votos que todavía le faltan y destrabar uno de los proyectos más conflictivos de su agenda legislativa.