San Juan prepara un sistema integrado con cámaras privadas, drones y centros móviles

La Secretaría de Estado de Seguridad impulsa una reconfiguración del sistema de vigilancia provincial con el propósito de ampliar el monitoreo en distintos puntos de San Juan. La propuesta prevé sumar al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) cámaras de privados, siempre con autorización de sus titulares, como parte de una estrategia orientada a reforzar la prevención.

El secretario Enrique Delgado señaló que la iniciativa busca conformar una red integrada con participación de barrios privados, comercios y parques industriales. Aclaró que el acceso a las imágenes no será permanente sin consentimiento y que el propietario podrá habilitarlo cuando sea requerido por las autoridades. "La autorización la da en base a los fundamentos dados por la seguridad", indicó, y agregó: "El acceso se producirá automáticamente desde un OK en el teléfono".

Para los parques industriales, el proyecto prevé un esquema más amplio: que las cámaras exteriores queden conectadas de forma directa al sistema provincial y se integren al programa Prisma, con vigilancia sostenida sobre las empresas y su entorno. Delgado explicó que la modernización también incluye la incorporación de Centros de Operaciones de Emergencia (COE) móviles, equipados con tecnología y dos drones cada uno.

"Queremos ir a cuatro COE móviles, que son los camiones que tengan toda la tecnología con dos drones cada uno", expresó el funcionario. De todos modos, precisó que la prioridad presupuestaria actual está centrada en la compra de cámaras fijas, por lo que la adquisición de esas unidades dependerá de la disponibilidad de recursos.

Otro eje del esquema es el programa Prisma, que apunta a transformar las casillas policiales en pequeños centros de monitoreo. Según detalló Delgado, un efectivo podría seguir en tiempo real entre 15 y 20 cámaras de su jurisdicción, con el objetivo de acelerar la respuesta ante hechos delictivos. "Es un programa integral de seguridad y monitoreo activo", sostuvo.

El secretario también remarcó que la inversión tecnológica debe garantizar la validez judicial de las imágenes. "La tecnología es cara porque no es solamente monitorear y que suceda un hecho y grabarlo", señaló, al explicar que el software debe impedir modificaciones en el material registrado para que pueda utilizarse como prueba en una investigación.

En otro tramo de la entrevista, Delgado se refirió al Servicio Penitenciario y a la necesidad de reorganizar el alojamiento de detenidos. Recordó el reclamo económico que la provincia mantiene con la Nación por los internos federales y afirmó: "Lo que Nación pagaba eran 376 pesos por día por interno federal". Sostuvo además que la intención oficial es que el Servicio Penitenciario concentre a la totalidad de los detenidos para que los policías puedan dedicarse a tareas preventivas.

Dentro de ese planteo, mencionó el uso de tobilleras electrónicas para condenas breves y la eventual creación de establecimientos penitenciarios en departamentos alejados como Iglesia o Jáchal, destinados a internos de baja peligrosidad. En el plano administrativo, descartó cambios en la legislación contable vigente, aunque reconoció la necesidad de reducir los tiempos burocráticos para agilizar compras de equipamiento.

Finalmente, el funcionario se refirió al ingreso de nuevos efectivos durante el próximo año. Si bien aclaró que la cantidad dependerá de la situación financiera provincial, estimó que podrían incorporarse alrededor de 130 nuevos policías, entre agentes y oficiales, además de unos 40 ingresos para el Servicio Penitenciario.