El Senado abrió la sesión para debatir cambios sobre propiedad privada y pliegos judiciales

Con el quórum justo, el oficialismo habilitó este jueves la sesión del Senado para discutir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que plantea eliminar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. La convocatoria estuvo rodeada de dudas durante la noche del miércoles, cuando se conoció que al menos tres radicales no asistirían a la Cámara alta y que también había aliados del Gobierno con reparos sobre puntos centrales de la iniciativa.

La vicepresidenta Victoria Villarruel tampoco quería que se realizara la sesión y mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, a través de mensajes de texto. "¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?", le reprochó Villarruel. Hacia el final del intercambio, la Vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: "Andá a chuparle las medias a Karina", espetó Villarruel; a lo que Bullrich respondió: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política".

Uno de los ejes del proyecto es que elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y establece que las provincias deberán autorizar esas ventas. También prohíbe la compra de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde esté ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. En zonas de frontera se requerirá además el aval de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no hubiera objeciones ni del gobierno nacional ni del provincial, se aplicará el silencio administrativo y, a los 180 días, se reconocerá la propiedad de pleno derecho. En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero adquiera tierras, y el requisito de contar con aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional en zonas fronterizas.

El texto también incorpora un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o tenedores precarios. En esos casos, el juez podrá ordenar la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria". Además, podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del bien si el propietario acredita documentalmente la titularidad del terreno, vivienda o campo.

Para los inquilinos con deudas, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para regularizar la situación, contados desde la notificación. Esa comunicación podrá hacerse en el domicilio denunciado en el contrato o por correo electrónico, y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si persiste el incumplimiento, el propietario podrá iniciar la acción de desalojo, que deberá concretarse en un plazo de 10 días hábiles.

El proyecto también establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves ni imponer condiciones para aceptarlas, aunque sí podrá dejar constancia escrita de deudas pendientes para reclamarlas después. En los casos en que haya menores o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo prudencial que no excederá de 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria.

En paralelo, La Libertad Avanza busca aprobar una treintena y seis de pliegos, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, que necesita el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio. Pesino ya presentó un recurso de amparo para seguir en funciones después de esa fecha. También integra la lista el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, propuesto para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.

Con la aprobación de estos pliegos, el oficialismo habrá designado en los últimos meses 110 cargos para cubrir las 300 vacantes que registra la Justicia.