La Fiscalía busca rastrear los fondos en la causa por compra irregular de equipos informáticos
A partir de la audiencia de formalización del 3 de julio, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales prepara nuevas medidas para seguir el recorrido de los 90 millones de pesos pagados por el Estado en mayo de 2023. La investigación ya tiene siete imputados y apunta a reconstruir el circuito financiero de la operación.
La investigación por la presunta compra irregular de equipamiento informático para la Secretaría de Seguridad ingresó en una etapa de definiciones. Luego de la audiencia de formalización realizada el 3 de julio, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales se prepara para avanzar con medidas de prueba de alta complejidad técnica.
El eje central será reconstruir el destino de los 90 millones de pesos que el Estado provincial pagó en mayo de 2023. Según fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal pedirá el levantamiento del secreto bancario ante la Justicia de Garantías para acceder a información de entidades financieras y organismos de control.
La hipótesis de trabajo de los investigadores es que el seguimiento de los movimientos bancarios permitirá establecer quiénes recibieron inicialmente los fondos, cómo se distribuyeron entre distintas cuentas y si existieron desvíos, transferencias cruzadas o maniobras de retorno. "La reconstrucción del recorrido de los fondos aparece ahora como uno de los ejes centrales del expediente para complementar las pruebas técnicas ya incorporadas", indicaron fuentes vinculadas a la causa.
La pesquisa ya incluyó allanamientos y una pericia informática sobre computadoras, impresoras y tablets halladas en un depósito de la avenida Rawson. Si bien la cantidad de equipos coincidía con el remito de compra, los peritos detectaron que sus prestaciones eran inferiores a las previstas en el pliego de licitación y a lo que el Estado sanjuanino abonó como mercadería de primera línea.
La causa penal preparatoria mantiene por ahora a siete imputados por fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre ellos figuran integrantes de la comisión policial de recepción, personal técnico de la Secretaría de Seguridad y la representante legal de la firma proveedora, SSH Emprendimientos.
