Valdés impulsa cambios para impedir que funcionarios accedan a la Ley de Inocencia Fiscal
El diputado nacional Eduardo Valdés presentó una iniciativa para excluir a funcionarios públicos, personas políticamente expuestas y sus familiares directos del régimen de regularización patrimonial. El proyecto apunta a reforzar los controles de integridad y a evitar que esos mecanismos alcancen a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.
Tras el caso de Manuel Adorni, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas se incorporen al régimen de la Ley de Inocencia Fiscal. Sostuvo que "permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial".
Valdés afirmó que quienes administran recursos del Estado "deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización" que reducen las exigencias de rendición de cuentas. En ese marco, propuso modificar la Ley 27.799 para excluir a funcionarios de los tres poderes, a las personas políticamente expuestas y a sus familiares directos.
El legislador de Unión por la Patria advirtió que la normativa vigente "choca" con las obligaciones de la Ley de Ética Pública y con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos. Según señaló, permitir que personas públicas utilicen este régimen podría "blindar dinero de origen ilícito desde el punto de vista penal y tributario", sin exigir explicaciones sobre el crecimiento patrimonial durante el ejercicio de la función pública.
En su planteo, Valdés calificó la situación como "éticamente inaceptable" y recordó que las recomendaciones del GAFI establecen controles reforzados para las personas políticamente expuestas por el "mayor riesgo de corrupción" asociado a sus funciones. La iniciativa busca armonizar la legislación tributaria con la Ley de Ética Pública y con las convenciones internacionales contra la corrupción, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control sobre quienes ocupan cargos en el Estado.
Finalmente, el diputado concluyó que, por razones de ética y resguardo del erario público, "todos los regímenes excepcionales de regularización de activos deben excluir de manera estricta a los funcionarios y a sus familiares directos".
