Cinco personas quedaron bajo investigación por la compra de equipamiento informático para la Policía
La Justicia profundizó la pesquisa sobre una adquisición financiada con fondos nacionales y detectó diferencias entre los equipos hallados y los que habían sido comprados. El caso involucra a efectivos policiales, funcionarios estatales y una representante de la firma proveedora.
La causa por la compra de equipamiento informático para dependencias policiales registró un nuevo avance tras los peritajes realizados sobre los dispositivos hallados en un depósito de Capital durante 2025. Según esas conclusiones, los elementos encontrados no coincidirían con los adquiridos originalmente mediante una inversión de 90 millones de pesos aportada por el Gobierno nacional.
Con esos resultados, el Ministerio Público Fiscal formalizó una investigación que alcanza a cinco personas, entre ellas policías, funcionarios estatales y una representante de la empresa proveedora. La principal hipótesis apunta a una presunta estafa en perjuicio de la administración pública, mientras que para los agentes y empleados del Estado también se analiza un posible incumplimiento de los deberes de funcionario.
La operación cuestionada contemplaba la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets para distintas comisarías de la provincia. Sin embargo, los equipos localizados presentaban características técnicas diferentes y un nivel de prestaciones inferior al que figuraba en la contratación original.
El expediente se inició en 2024, cuando autoridades policiales de la gestión anterior pidieron una investigación judicial por la desaparición del material informático. Antes de esa presentación, el entonces tesorero de la fuerza había advertido internamente que los bienes, pese a estar abonados, no habrían ingresado al patrimonio policial.
Las primeras averiguaciones señalaron que una comisión receptora integrada por uniformados certificó la factura y el remito de entrega, documentos que daban cuenta del supuesto ingreso de los equipos. Luego, la causa atravesó una disputa jurisdiccional porque los fondos provenían de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que generó diferencias entre la Justicia provincial y la Federal hasta que una resolución de la Corte Suprema definió que el proceso continuara en el ámbito local.
Con esa decisión, la UFI de Delitos Especiales profundizó las medidas de investigación. En ese marco, una representante de la firma proveedora informó de manera voluntaria la ubicación de cajas almacenadas en un inmueble capitalino, donde fueron encontrados 150 equipos informáticos, 20 impresoras y 10 tablets, aunque luego los análisis descartaron que correspondieran a los bienes originalmente adquiridos.
Entre los investigados figuran los policías Juan José González, Jorge Eduardo Santori y Juan José Valverde, además de María Lourdes Quiroga Coll, vinculada a la empresa comercial, y Enzo Ariel Fava, quien se desempeñó como referente técnico dentro de la Secretaría de Seguridad. La pesquisa busca establecer qué ocurrió con los dispositivos comprados con los fondos nacionales enviados en 2023 y determinar las responsabilidades en una operación que mantiene en discusión una suma cercana a los 90 millones de pesos.
