Un informe advierte sobre residuos encubiertos y menor control estatal en las importaciones

El Círculo de Políticas Ambientales difundió un informe en el que analiza el impacto ambiental y sanitario de la desregulación comercial impulsada desde diciembre de 2023 con el DNU 70. El documento sostiene que Argentina está importando lo que define como "residuos encubiertos", es decir, bienes que por su estado o baja durabilidad se transforman con rapidez en desechos.

Entre los productos mencionados figuran ropa usada, pilas y baterías, neumáticos recauchutados, artefactos médicos de segunda mano, juguetes y cosméticos. El CPA advierte que, una vez descartados, los costos de su gestión terminan recayendo sobre los municipios, en un escenario donde los controles preventivos fueron reemplazados por declaraciones juradas, auditorías posteriores al ingreso y reconocimiento automático de certificaciones extranjeras.

Según el informe, este cambio redujo la capacidad del Estado para frenar en frontera el ingreso de productos peligrosos o de baja calidad y trasladó el riesgo a la población. También señala que las modificaciones más sustantivas se concentraron en 2025 y 2026, muchas de ellas instrumentadas por decreto mediante facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

María Eugenia Testa, directora del CPA, afirmó: "La desregulación no solo modifica las condiciones del comercio, sino también la forma en que el Estado previene riesgos ambientales y sanitarios. Cuando se reducen los controles sobre productos que pueden convertirse rápidamente en residuos o contener sustancias peligrosas, es fundamental evaluar quién asume esos costos y cómo se protegen la salud de la población y el ambiente".

El trabajo plantea además dudas sobre la capacidad estatal para asegurar estándares de seguridad, calidad y protección ambiental. Entre los riesgos identificados menciona metales pesados en pilas y baterías, sustancias tóxicas en determinados plásticos, microplásticos en cosméticos e indumentaria y problemas de seguridad en juguetes que no cumplan con requisitos adecuados.

Finalmente, el CPA sostuvo que parte de estos cambios se apoyó en facultades delegadas al Poder Ejecutivo para modificar regímenes legales por decreto, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de control y debate institucional. "Se trata de un proceso de desregulación de baja visibilidad pública cuyos efectos más significativos probablemente se manifiesten de manera gradual en los próximos años, especialmente en materia de salud pública, gestión de residuos y protección ambiental", concluyeron desde la entidad.