Seguridad en escuelas: el sindicato denunció cotizaciones que pondrían en riesgo los derechos laborales
El proceso licitatorio del Ministerio de Educación continúa sin adjudicación. De 35 firmas interesadas, únicamente cuatro lograron cumplir con todos los requisitos. Desde UPSRA denunciaron que varias cotizaciones presentadas no respetarían los costos laborales fijados por convenio y alertaron sobre una posible precarización de los vigiladores.
La Licitación Pública N° 0008/2026, impulsada por el Ministerio de Educación para contratar el servicio de seguridad privada en establecimientos educativos de San Juan, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que el gremio que nuclea a los vigiladores privados cuestionara las ofertas económicas presentadas por algunas empresas y advirtiera sobre el riesgo de profundizar la precarización laboral en el sector.
El procedimiento administrativo, identificado con el Expediente N° 300-012421-2026-EXP-GC, despertó expectativas entre las empresas de seguridad privada debido a la magnitud del contrato. Sin embargo, de las 35 firmas que participaron del proceso, solamente cuatro lograron cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego: Aries Seguridad Privada, VIP Seguridad, Fravalex y El Guardián SRL.
Por el momento, el Gobierno provincial aún no dio a conocer cuál de esas empresas será finalmente adjudicataria del servicio.
El representante gremial de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) en San Juan, Pablo Ábrego, manifestó su sorpresa por el resultado de la evaluación técnica.
"De 35 empresas de seguridad solo pudieron lograr cumplimentar con todo lo pedido, solo cuatro. Todavía no se sabe a quién se va a adjudicar", señaló.
El dirigente explicó que la principal preocupación del sindicato no pasa por cuál empresa resulte ganadora, sino por las ofertas económicas que, según denuncian, fueron presentadas muy por debajo de los costos reales que demanda la prestación del servicio.
"Nadie puede creer que una empresa venda un servicio por debajo del costo. Eso es porque al empleado se lo contrata en negro o parte de su sueldo está fuera de la ley", afirmó.
Desde UPSRA sostienen que este tipo de propuestas terminan impactando directamente sobre las condiciones laborales de los vigiladores, quienes muchas veces perciben salarios inferiores a los establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo, trabajan con irregularidades en el pago de horas extras o directamente son registrados de manera parcial.
"La denuncia apunta a procesos de licitación que precarizan a los vigiladores, imponiendo sueldos indignos y prácticas ilegales", indicaron desde el gremio, al advertir que existen empresas que llegan a pagar "valores viles" por la hora de trabajo, incumpliendo las escalas salariales vigentes.
Ábrego aseguró que esa preocupación fue transmitida oportunamente a las autoridades del Ministerio de Educación.
"Ante esta licitación que el Estado está llevando a cabo con el Ministerio de Educación, le hicimos saber a las autoridades la disconformidad con las cotizaciones que algunas empresas hicieron por debajo de lo que debe pagarse, ya que con eso se sigue precarizando la tarea de los vigiladores", expresó.
El dirigente sindical remarcó además que la problemática excede esta contratación puntual y anticipó que el gremio permanecerá atento a futuros procesos licitatorios que impulsen otras áreas del Estado provincial.
"Una vez que se convocó esta licitación para Educación, desde el gremio permanecemos en estado de alerta para evitar que suceda lo mismo en otros ministerios. Cuando concluya el proceso, vamos a fiscalizar los recibos de sueldo y las horas extras para que se pague lo que corresponde. Queremos que el Estado también controle a las empresas que ganan las licitaciones para que cumplan con las paritarias", sostuvo.
Mientras el Ministerio de Educación analiza las ofertas que superaron la etapa técnica y administrativa, el sindicato insiste en que el criterio económico no puede imponerse por sobre el respeto de la legislación laboral. Para el gremio, la adjudicación deberá contemplar no solo el costo del servicio, sino también la garantía de que los trabajadores perciban los salarios establecidos por convenio y desarrollen sus tareas en condiciones legales y dignas.