Un abogado pidió detener a Manuel Adorni y restringirle la salida del país

El abogado Gregorio Dalbón pidió a la Justicia que dicte la prisión preventiva del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En subsidio, solicitó que se le impida salir del país y que se retenga su pasaporte.

La presentación fue realizada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Dalbón sostuvo que existen "riesgos concretos" de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que consideró necesaria una medida de coerción personal.

Uno de los ejes del planteo apunta a la presunta influencia que Adorni habría intentado ejercer sobre un testigo considerado clave. Según el escrito, el contratista Matías Tabar declaró que, antes de prestar testimonio, el exfuncionario lo contactó y le dijo: "Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado".

Para Dalbón, esa conducta sería "objetivamente apta para interferir" en la producción de prueba relevante. También señaló que, hasta su reciente renuncia, Adorni ocupó uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la administración pública nacional, lo que —según su presentación— le habría permitido construir vínculos con capacidad de influir sobre personas relacionadas con la causa.

El escrito además menciona las explicaciones públicas brindadas por Adorni sobre el origen de su patrimonio, al sostener que fueron cambiando a medida que avanzó la investigación. Entre los puntos analizados figuran la compra de un departamento en Caballito y las obras realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, donde, según la declaración incorporada al expediente, parte de los trabajos habrían sido abonados en efectivo.

Dalbón también argumentó que existe riesgo de fuga por la capacidad económica atribuida al exfuncionario y recordó que en la investigación reconoció la existencia de aproximadamente 500.000 dólares que no habían sido incluidos en sus declaraciones juradas. A eso sumó la referencia a un eventual acceso a vuelos privados y la reciente renuncia al cargo de jefe de Gabinete, que —según el planteo— implicó la pérdida de su principal arraigo laboral en el país.

Como alternativa a la prisión preventiva, el abogado pidió la prohibición de salida del territorio nacional, la retención del pasaporte y la comunicación de la medida a la Dirección Nacional de Migraciones y a los organismos competentes. Hasta el momento, el fiscal Gerardo Pollicita no se expidió sobre la solicitud.