La Justicia cerró el caso de la transferencia duplicada con condena condicional
La homologación de un juicio abreviado definió la responsabilidad de dos personas en una estafa vinculada a una empresa minera. Ambos recibieron tres años de prisión en suspenso y deberán cumplir reglas de conducta.
La Justicia dio por concluida una de las causas por estafa de mayor repercusión en San Juan durante 2024, vinculada a una transferencia errónea en el ámbito minero. Dany Roberto Sarmiento y Myriam Mabel Muñoz fueron condenados a tres años de prisión en suspenso tras aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado impulsado por la UFI de Delitos de Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia.
El caso se originó a fines de 2024, cuando Sarmiento dejó de trabajar en una empresa ligada a la actividad minera luego de quince años de servicio y cobró la indemnización correspondiente. Días después, la firma acreditó por error el mismo monto una segunda vez, por lo que el total recibido superó los 200 millones de pesos.
La investigación sostuvo que el dinero no fue devuelto y que el exempleado comenzó a distribuirlo, además de evitar el contacto con la compañía pese a los intentos de recuperar la suma transferida indebidamente. Los movimientos bancarios fueron centrales en el expediente, ya que parte de los fondos terminó en cuentas vinculadas a quien era su esposa.
Con esos elementos, ambos fueron considerados coautores de la maniobra fraudulenta. En paralelo, la Justicia dispuso embargos sobre bienes, vehículos, inmuebles y cuentas bancarias para asegurar una eventual reparación económica, mientras la empresa damnificada avanzó con acciones civiles para recuperar el dinero, que aún no fue restituido en su totalidad.
Durante el proceso también se informó que la pareja inició trámites de divorcio. El expediente, que en un primer momento había sido caratulado con otra figura penal, luego fue reformulado como una defraudación mediante engaño. Finalmente, el tribunal homologó el acuerdo y fijó para ambos una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, sin cumplimiento efectivo en cárcel.
Entre las reglas impuestas figuran fijar domicilio, presentarse ante el Patronato de Liberados y evitar el consumo problemático de alcohol y estupefacientes.
