Bancos reordenan deudas ante la suba de la mora y crece el debate por las refinanciaciones

El aumento de la mora de los hogares volvió a encender alertas en el sistema financiero. Con un nivel que llega al 12% de los pasivos bancarios, el mayor registro desde 2004, el Banco Nación y el Banco Ciudad impulsan esquemas de refinanciación para clientes endeudados, mientras buscan sumar a entidades privadas a mecanismos similares.

En ese marco, el Banco Nación lanzó un préstamo personal para unificar deudas de clientes con cuotas vencidas e impagas, en situación crediticia 1 o 2. La propuesta busca evitar que esos compromisos entren en mora y contempla hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de $100 millones, tasa de 10% + UVA o un punto adicional si se opta por cobertura CER-CVS, y un plazo de hasta 120 meses.

En paralelo, la Legislatura porteña aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que se instrumentará inicialmente a través del Banco Ciudad. El esquema fija una TNA máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses, y está dirigido a deudores morosos en situación crediticia 2 y 3.

La discusión, sin embargo, genera reparos en el sector privado. Las entidades sostienen que prefieren mantener herramientas propias de refinanciación y analizar cada caso en particular antes que quedar sujetas a una regla general. "La mora es real, el deterioro debe tomarse en serio", admiten en el sistema, aunque cuestionan que el problema responda exclusivamente a la operatoria bancaria.

Fuentes del sector atribuyen el cuadro a una combinación de pérdida de capacidad de pago, caída de los ingresos reales, mayor costo de vida y menor licuación de las deudas, como señaló el ministro de Economía, Luis Caputo. En esa línea, remarcan que trabajan desde hace meses con clientes para refinanciar y acompañar casos puntuales, y afirman que la mora está lentamente bajando.

Los bancos también destacan que cuentan con mecanismos de alerta temprana, refinanciación y seguimiento para intervenir antes de que los atrasos escalen. Según explican, la detección del estrés financiero puede darse incluso antes del vencimiento, a partir del uso de tarjetas o del nivel de endeudamiento, con foco en atrasos tempranos de entre uno y catorce días.

El principal punto de tensión aparece en la posibilidad de fijar reglas generales para refinanciar deudas individuales. Desde las entidades advierten que una buena refinanciación se adapta al monto adeudado, los ingresos, el historial de pago, el tipo de producto, el plazo, la capacidad de repago y la situación laboral. "Una buena refinanciación no patea el problema: lo hace pagable", sostienen.

Algunos bancos incluso señalan que dos de cada tres clientes refinanciados vuelven a pagar normalmente, por lo que un esquema legal uniforme podría afectar el crédito futuro y debilitar los incentivos a cumplir. En la misma línea, advierten que si por ley se alteran las condiciones de recupero o se fuerzan tasas artificialmente bajas, el resultado probable sería menos crédito para los segmentos de mayor riesgo.

El autor del proyecto, el legislador Leandro Santoro, plantea una lectura distinta. Según contó, el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, le aseguró que llevará el tema al resto de las entidades, ya que algunos bancos podrían considerar perdida la cartera si no se adopta una estrategia alternativa. "Él no lo ve imposible, cree que pueden llegar a adherir", señaló Santoro.

En el sector, por su parte, sostienen que si el acceso al crédito formal se restringe, las familias no dejarán de financiarse y migrarán hacia proveedores no financieros, billeteras o prestamistas alternativos. También remarcan que el costo del financiamiento incluye riesgo de mora, plazo, costos operativos, impuestos y capital, y que la tasa no es solo ganancia bancaria, sino el precio para sostener el crédito y proteger el ahorro de los depositantes.

La discusión avanza en paralelo al programa aprobado en la Ciudad de Buenos Aires, que prevé una línea especial para residentes en situación de vulnerabilidad financiera. Podrán acceder quienes tengan deudas por tarjetas de crédito o préstamos personales, figuren en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central, tengan ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos, vitales y móviles y cumplan con los demás requisitos previstos en la norma.

El texto también establece exclusiones para titulares de más de un inmueble, propietarios de vehículos con menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios, así como para quienes posean activos financieros que superen el total de la deuda reclamada o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos.