La Rioja aprobó una ley para reabrir el reclamo de límites y San Juan ratificó su jurisdicción

La controversia por los límites entre San Juan y La Rioja sumó este viernes un nuevo episodio de fuerte impacto político. La Legislatura riojana aprobó un proyecto impulsado por Ricardo Quintela que busca poner en debate el esquema territorial vigente y reclamar áreas que hoy integran la provincia sanjuanina.

La iniciativa recibió respaldo mayoritario y habilita al gobierno riojano a avanzar por vías políticas y judiciales en defensa de lo que considera su territorio. Entre las zonas alcanzadas por el planteo aparecen sectores de valor estratégico, incluidos espacios donde se desarrollan proyectos mineros y áreas emblemáticas como Ischigualasto.

El fundamento del reclamo se apoya en cuestionamientos a la delimitación fijada a fines de la década del sesenta. Desde La Rioja sostienen que aquella definición se adoptó durante un gobierno militar y que, por ese motivo, debe ser revisada. En cambio, desde San Juan remarcan que ese marco fue ratificado después por el Congreso Nacional en democracia.

Más allá del antecedente histórico, el eje del conflicto está vinculado con recursos considerados estratégicos. La nueva ley faculta al Ejecutivo riojano a realizar gestiones ante el Congreso de la Nación para impulsar una redefinición de los límites y consolidar su reclamo sobre áreas fronterizas.

Además, ordena a la Fiscalía de Estado promover acciones judiciales y pedir medidas cautelares para proteger recursos mineros, hídricos, arqueológicos y naturales ubicados en la zona en disputa. La atención está puesta especialmente en el potencial minero de la región y en los proyectos vinculados al distrito Vicuña.

La controversia ya había tenido un antecedente en abril, cuando una resolución judicial dictada en Chilecito dispuso la suspensión temporal de actividades relacionadas con el emprendimiento y restringió el uso de caminos ubicados en territorio riojano. Luego hubo acuerdos entre las partes y las restricciones fueron levantadas, aunque el conflicto no quedó cerrado.

La decisión de la Legislatura riojana generó una respuesta inmediata en San Juan. El gobernador Marcelo Orrego ratificó que los límites provinciales tienen plena vigencia y afirmó que ninguna jurisdicción puede modificarlos por decisión propia.

En su mensaje público, el mandatario sostuvo que el territorio sanjuanino cuenta con respaldo legal y recordó que la delimitación actual fue ratificada por el Congreso Nacional. También señaló que la provincia defenderá sus recursos, su patrimonio y sus áreas estratégicas, y convocó a los sectores políticos sanjuaninos a sostener una posición común frente al reclamo riojano.

Con la ley ya aprobada, La Rioja quedó habilitada para impulsar gestiones ante organismos nacionales y avanzar en tribunales. El conflicto podría derivar en una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.