Causa Acueducto Gran Tulum: rechazaron pedidos de la defensa
La jueza de Garantías Mónica Lucero desestimó los planteos presentados por el abogado de Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol al sostener que aún no hay imputados formalmente en el expediente. La resolución se conoció tras una prórroga de 90 días otorgada al Ministerio Público Fiscal para continuar con la investigación preliminar.
La investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum incorporó este jueves un nuevo episodio, luego de que la jueza de Garantías, Mónica Lucero, rechazara una serie de planteos formulados por la defensa de dos personas que podrían quedar involucradas en el expediente.
La decisión se dictó poco después de que la magistrada concediera al Ministerio Público Fiscal una prórroga de 90 días para profundizar la pesquisa preliminar. En ese marco, el abogado Nasser Uzair, representante de Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol, había pedido acceso a información sobre las medidas en curso y la incorporación de pruebas ofrecidas por la defensa.
Lucero entendió que el letrado no cuenta con legitimación para intervenir en esta etapa, ya que la causa todavía no registra personas formalmente imputadas, y por ese motivo desestimó los pedidos. La resolución generó observaciones en el ámbito judicial, en particular por actuaciones previas dentro del mismo proceso.
Fuentes vinculadas al caso señalaron que días atrás la misma magistrada había suspendido una audiencia y dispuesto un cuarto intermedio ante la ausencia del defensor, quien se había presentado espontáneamente en una investigación aún no formalizada. Luego de detectarse un problema en la notificación, el abogado fue convocado nuevamente y la audiencia continuó.
Según esas mismas fuentes, esa secuencia abrió cuestionamientos por una aparente contradicción en el criterio aplicado, dado que por un lado se sostiene que la defensa no puede intervenir en esta instancia, mientras que antes se la había notificado como parte del proceso. Los planteos de Uzair se apoyaban en artículos del Código Procesal Penal y en garantías constitucionales vinculadas al derecho de defensa.
La investigación sigue a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de Francisco Pizarro, y se concentra en determinar si existieron irregularidades durante la contratación y ejecución de la obra pública.
