Fiscales de San Juan cuestionan a jueces por exigir la presencia de víctimas en audiencias
CONFIAS difundió un comunicado crítico y la fiscal Daniela Pringles explicó que, según su criterio, se están imponiendo requisitos que el Código Procesal Penal no prevé. La discusión se centra en acuerdos de reparación integral y en el alcance de la intervención de las víctimas.
El Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan expresó su malestar por la actuación de algunos jueces de Garantías, a quienes cuestiona por exigir que las víctimas asistan de manera presencial a determinadas audiencias, aun cuando ya hayan prestado su consentimiento por escrito. Desde el organismo sostienen que esa práctica no tiene respaldo legal y que expone nuevamente a personas que ya atravesaron un delito.
En un comunicado, CONFIAS manifestó su preocupación por una situación que, según indicó, se repite con frecuencia y que considera una forma de "revictimización institucional". En diálogo con TELESOL, la fiscal coordinadora Daniela Pringles señaló que el planteo surgió a partir de un caso puntual en el que intervino la fiscal Salica, aunque aclaró que el problema alcanza a otros expedientes. "Desde el CONFIAS nosotros manifestamos el apoyo puntual que tuvo una causa la doctora Salica en una audiencia con el doctor Tal, pero es una cuestión repetida, que no se da con todos los magistrados", explicó.
Pringles recordó que los códigos modernos contemplan salidas alternativas para resolver conflictos penales y evitar que todas las causas terminen en una condena tradicional. En ese marco, defendió la figura de la reparación integral, que permite suspender una causa cuando el imputado responde económicamente por el daño causado. "El código tiene previsto determinadas formas para cumplir, pero no tiene previsto siempre la presencia de la víctima en audiencia. Simplemente, en el caso de la reparación integral, que no haya oposición infundada", señaló.
La fiscal afirmó además que el Ministerio Público Fiscal trabaja para informar a las víctimas y obtener su consentimiento. "Muchas veces las víctimas vienen a la UFI y firman, otras veces se hacen presentes, y otras veces se conectan por Zoom o incluso por videollamadas", detalló. También cuestionó la interpretación de algunos magistrados que rechazan acuerdos por la ausencia de la víctima: "Hay algunos jueces que no entienden, que convierten estas instancias en cuestiones civiles, y no nos olvidemos que estamos en el marco de una causa penal en donde no hay tanta formalidad".
En ese punto, Pringles fue tajante al sostener que exigir la presencia física de la persona afectada implica desconfiar del trabajo fiscal. "Si yo como fiscal he recibido el consentimiento y está firmado, y el acta es exhibida en la audiencia, indudablemente no están confiando en el trabajo de la Fiscalía esta necesidad de sentar a la víctima en el lugar", expresó. Para la funcionaria, esa exigencia "trae una consecuencia que es revictimizar a una persona que ha sido víctima de un delito".
La integrante de CONFIAS también advirtió que este criterio ya provocó la caída de varias causas. "Yo como fiscal del caso me ha tocado en un montón de causas y a mí se me han caído. Son causas irremontables, porque la víctima después dice que no puede venir y que no quiere continuar", aseguró. El comunicado, concluyó, busca abrir un debate sobre la lectura del Código Procesal Penal y sobre la manera de garantizar derechos sin generar un nuevo perjuicio a las víctimas.