Minería en San Juan: cámaras departamentales respaldan la ley de desarrollo minero, pero exigen garantías para el "Compre Sanjuanino"
Las cámaras de Calingasta, Jáchal e Iglesia apoyan la Ley de Desarrollo Local, pero exigen prioridad para proveedores sanjuaninos. Advierten que ignorar la mano de obra local por costos pone en riesgo la licencia social y el progreso de la provincia
En un escenario clave para el futuro económico de la provincia, las principales cámaras de servicios mineros de los departamentos cordilleranos han manifestado un respaldo contundente, aunque condicionado, al proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial. Las entidades que nuclean a proveedores de Iglesia, Jáchal y Calingasta coinciden en que San Juan atraviesa una oportunidad histórica con proyectos de escala mundial, pero advierten que el éxito de esta legislación dependerá de que los grandes operadores mineros prioricen efectivamente la contratación de empresas locales para asegurar un desarrollo sostenible.
Calingasta: el "Caso Vicuña" como señal de alarma
La Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA), presidida por José Adolfo Ibazeta, formalizó su apoyo mediante una nota dirigida a la Cámara de Diputados. En su misiva, la entidad destaca que la minería es hoy el principal motor económico provincial, pero subraya una preocupación latente: la adjudicación de obras a empresas extranjeras en detrimento de la capacidad local.
Desde CASEMICA pusieron como ejemplo negativo lo ocurrido recientemente en el proyecto Vicuña, en Iglesia, donde obras de construcción de parte del campamento recayeron en firmas de nacionalidad china. Para la cámara calingastina, situaciones como esta deben servir de reflexión para evitar que se repitan en departamentos con capacidad empresarial y mano de obra probada, como Calingasta. "Resulta indispensable aprovechar esta oportunidad histórica para fortalecer a las empresas sanjuaninas", enfatizaron, solicitando un tratamiento prioritario a la ley por parte de todos los bloques políticos.
Jáchal: el desafío de la licencia social y la visión a largo plazo
Por su parte, la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Jáchal (CAPSEMIJA) calificó la iniciativa como una "herramienta legal robusta" necesaria para articular estrategias entre el Estado, las operadoras y las firmas locales. Según la entidad jachallera, la ley debe garantizar que la riqueza geológica se traduzca en inversiones genuinas y capacitación profesional para los habitantes de la zona.
Uno de los puntos más críticos señalados por CAPSEMIJA es el riesgo de desestimar la contratación local para abaratar costos a corto plazo. La cámara advirtió que este tipo de decisiones empresariales generan un "profundo rechazo" que pone en peligro la licencia social, el activo más valioso de cualquier proyecto minero. Para Jáchal, el desarrollo debe ser armónico e integrar tanto a las empresas del departamento como a las del resto de la provincia, permitiéndoles sumarse competitivamente a la cadena de valor.
Iglesia: "letra chica" y herramientas técnicas
Desde el departamento de Iglesia, la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros (CAPRESMI) celebró la presentación del proyecto como un "paso histórico" para la seguridad jurídica de los proveedores iglesianos y provinciales. Sin embargo, su enfoque se centró en la implementación técnica y la futura reglamentación de la norma.
CAPRESMI ve con optimismo la creación del REPROMIN y el uso de certificados de crédito fiscal transferibles para las empresas que cumplan con la ley. Según la cámara, estas herramientas posicionan al Estado como un "árbitro activo" que exige un retorno tangible y medible hacia la comunidad a cambio de beneficios fiscales. No obstante, advirtieron que la "letra chica" de la ley debe garantizar una prioridad real y sin desventajas para las pymes locales frente a los grandes centros urbanos, permitiéndoles competir bajo los estándares de la industria.
Un reclamo de transparencia y previsibilidad
A pesar de los matices departamentales, las tres cámaras coinciden en que la ley debe basarse en principios de transparencia y previsibilidad. El objetivo común es transformar el recurso natural, que es agotable, en un motor de crecimiento que trascienda el tiempo de extracción.
Las entidades hicieron un llamado a los legisladores para que dejen de lado intereses sectoriales y sancionen una ley equitativa que defienda el compre local. En palabras de los representantes mineros, la minería debe dinamizar genuinamente a los comercios, talleres y familias de cada departamento para lograr el "añorado y definitivo progreso de todos los sanjuaninos".