El Gobierno y las casas de estudio sellaron un entendimiento con suba salarial y refuerzo de fondos
Tras casi tres años de tensiones, el Ejecutivo nacional y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo que contempla una recomposición salarial del 24,33% y nuevas partidas presupuestarias. También se fijaron mesas de negociación trimestrales para el resto del año.
Después de casi tres años de conflicto, el Gobierno nacional y las universidades públicas cerraron un entendimiento orientado a desactivar una disputa que marcó buena parte de la gestión libertaria. La propuesta fue presentada este miércoles en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto con rectores y representantes gremiales.
El acuerdo prevé una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes, dividida en un 21,33% desde junio y un 3% adicional en octubre. A ello se suman partidas extraordinarias para el sistema universitario, entre ellas $50.000 millones para hospitales universitarios, una actualización del 20% en gastos de funcionamiento y un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano.
La definición llegó tras dos semanas de conversaciones intensas y luego de una secuencia de medidas de fuerza, marchas federales, clases públicas, tomas de establecimientos, paros docentes y debates legislativos con vetos presidenciales y una disputa judicial que alcanzó a la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, la crisis universitaria se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el oficialismo y la comunidad académica.
Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, la pérdida del poder adquisitivo derivó en la salida de miles de docentes del sistema público. Las universidades sostuvieron que los bajos ingresos impulsaban una migración constante hacia el sector privado o incluso al exterior. El entendimiento también se produjo después de que el Ministerio de Economía autorizara una partida de $800.000 millones para atender las demandas más urgentes del sector.
Además, las partes acordaron abrir nuevas instancias de negociación cada tres meses durante lo que resta del año. Uno de los puntos que trababa las conversaciones era la demanda judicial impulsada por las universidades contra el Estado nacional, aunque la posibilidad de un acuerdo económico terminó por destrabar el diálogo.
