El oficialismo mantendrá abierta la discusión sobre el financiamiento universitario en 2027

El Gobierno nacional continúa las conversaciones con las universidades públicas para alcanzar un acuerdo que permita mejorar los salarios y fortalecer los recursos durante 2026. Pese a ese acercamiento, en la Casa Rosada afirman que no modificarán su posición respecto de la actual Ley de Financiamiento Universitario y que intentarán reabrir la discusión cuando se trate el Presupuesto 2027.

La definición oficial también está atravesada por la disputa judicial que sigue en curso. En el Ejecutivo entienden que, si la Corte Suprema convalida la vigencia plena de la norma cuestionada, el Estado deberá cumplir sus disposiciones en un escenario de reducción del gasto público y de preservación del equilibrio fiscal.

Desde el sistema universitario señalan, por su parte, que las conversaciones económicas no implican desistir de la presentación judicial. El expediente permanece bajo análisis del máximo tribunal luego de que el Gobierno apelara una medida cautelar favorable a las universidades. Las partes prevén una reunión clave este martes, aunque fuentes oficiales admitieron que aún restan definir aspectos del acta, el alcance de las mejoras presupuestarias y la forma jurídica del acuerdo para evitar que sea interpretado como un abandono del reclamo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a las universidades, la propuesta en estudio contempla una recomposición salarial total del 24,33%. El esquema prevé un aumento del 21,33% en junio, calculado sobre los haberes vigentes a mayo de 2026, y otro del 3% en octubre. La actualización buscaría compensar el atraso acumulado durante 2025, la inflación registrada hasta mayo de este año y sumar un porcentaje adicional para recuperar poder adquisitivo.

El borrador también incluye la reapertura periódica de las negociaciones paritarias para docentes y no docentes. Según la iniciativa, las reuniones salariales no podrán espaciarse por más de tres meses, un reclamo que los gremios universitarios sostienen desde hace tiempo. A ello se suma una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio, un refuerzo de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y una mejora del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

En el oficialismo sostienen que este entendimiento podría disminuir la tensión con la comunidad universitaria sin abandonar las objeciones de fondo a la ley vigente. La mirada del Gobierno es que la norma aprobada por el Congreso impone obligaciones de gasto sin precisar el origen de los recursos para financiarlas.

La idea de modificar el esquema universitario no es nueva. Durante el verano, el Ejecutivo había elaborado una propuesta alternativa con aumentos para funcionamiento, actualizaciones salariales escalonadas, revisiones atadas a la inflación y mejoras en becas estudiantiles. Aquel planteo no prosperó en el Congreso, pero ahora vuelve a aparecer como antecedente para la futura discusión presupuestaria.

En la Casa Rosada consideran que el tratamiento del Presupuesto es el ámbito adecuado para definir cuánto dinero se destinará al sistema universitario y de qué modo se compatibilizará ese gasto con el resto de las prioridades estatales. El debate se da, además, en medio de una reciente reestructuración presupuestaria.

Hace menos de un mes, el Gobierno aplicó una reducción cercana a los 2,5 billones de pesos que alcanzó a distintas áreas, entre ellas educación, universidades, subsidios y obras públicas. La medida incluyó recortes en programas educativos, limitaciones en las transferencias para infraestructura universitaria y ajustes en distintas partidas del sector. Desde el oficialismo sostienen que esas decisiones responden al objetivo de cumplir las metas fiscales y preservar el resultado financiero del Estado nacional.