El Ejecutivo y las casas de estudio encaminan un entendimiento por fondos y salarios

El Gobierno nacional y las universidades públicas quedaron muy cerca de cerrar un entendimiento para reducir la tensión en torno al financiamiento del sistema universitario. De acuerdo con fuentes del sector, la Casa Rosada desistió de exigir el retiro de la demanda judicial como condición para avanzar.

Si no aparecen nuevos obstáculos, la formalización del acuerdo podría concretarse entre este martes y el miércoles. En ese marco, las universidades mantendrán la presentación ante la Justicia, mientras el Ejecutivo avanzará con una recomposición salarial para docentes y no docentes en los términos discutidos desde la semana pasada.

La propuesta incluye un aumento del 24,33% en dos tramos: un 21,33% de aplicación inmediata y otro 3% previsto para octubre. Desde el ámbito universitario señalaron que la medida apunta a compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

El entendimiento también contemplaría un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios. Además, las conversaciones incluyen la situación salarial del personal docente de los establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la caída de ingresos.

Las negociaciones son llevadas adelante por el Gobierno y las universidades reunidas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un escenario atravesado por reclamos salariales, protestas estudiantiles y una disputa judicial aún abierta. Hasta ahora, el principal punto de conflicto era la exigencia oficial de que las casas de estudio desistieran de la acción presentada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según la posición universitaria, esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso no precisa de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias. La comunidad académica, en cambio, acudió a la Justicia para exigir su cumplimiento.

La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional. En los últimos días, las universidades habían dejado en claro que no estaban dispuestas a resignar ese resguardo judicial como condición para un acuerdo presupuestario.

Con la flexibilización de esa exigencia, las partes lograron acercar posiciones. De todos modos, la definición del expediente seguirá en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para resolver. En paralelo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció un paro entre el 16 y el 20 de junio para reclamar el cumplimiento de la ley y la reapertura de las negociaciones paritarias.

La organización también convocó a clases públicas y otras actividades de protesta en distintos puntos del país. Las medidas se suman a las movilizaciones realizadas en las últimas semanas por estudiantes, docentes y autoridades universitarias en demanda de mayores recursos para el sistema.