El proyecto de Desarrollo Minero ingresó a Diputados
Esta tarde se informó oficialmente que el proyecto de Ley de Desarrollo Minero ingresó a la Cámara de Diputados. El texto fue ajustado en las últimas correcciones y apunta a ordenar la contratación de mano de obra y servicios locales en San Juan.
La discusión sobre cómo convertir el potencial minero de San Juan en desarrollo concreto para sus comunidades dio un paso clave este martes. El gobernador Marcelo Orrego firmó y envió a la Cámara de Diputados el proyecto denominado Ley para el Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca garantizar que las futuras inversiones mineras generen más empleo para los sanjuaninos, impulsen el crecimiento de las empresas locales y multipliquen los beneficios económicos de la actividad en toda la provincia.
El ingreso de la iniciativa al ámbito legislativo se produce en un contexto de fuerte expectativa para el sector. San Juan concentra cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial existentes en Argentina y forma parte de una cartera de proyectos que acumula compromisos de inversión superiores a los 31.200 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En este escenario, el Gobierno provincial busca establecer un marco normativo que permita que el crecimiento de la minería tenga un impacto directo en las economías regionales y en las comunidades de influencia de los proyectos.
La propuesta establece que las empresas mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores con objetivos progresivos, crecientes y medibles. Además, tendrán la obligación de informar periódicamente los avances alcanzados. Desde el Ejecutivo remarcan que la norma no impone cupos obligatorios ni restricciones que afecten la libre competencia, sino que obliga a planificar, medir y rendir cuentas sobre el aporte que realiza la actividad al desarrollo provincial.
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, sostuvo que la experiencia internacional demuestra que el verdadero impacto positivo de la minería no depende únicamente del volumen de recursos extraídos, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial sostenible. En esa línea, afirmó que la iniciativa apunta a garantizar que los beneficios de la actividad permanezcan en San Juan y lleguen de manera efectiva a las familias y comunidades vinculadas al sector.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es que trasciende el concepto tradicional de una ley de proveedores. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, explicó que la iniciativa también busca promover la contratación de trabajadores residentes en la provincia por parte de las compañías mineras y sus contratistas, fortaleciendo el empleo directo generado por la actividad.
El texto se apoya en tres ejes fundamentales. El primero es el desarrollo del empleo local, con una meta de que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, priorizando a los habitantes de los departamentos de influencia directa. El segundo es el fortalecimiento de los proveedores provinciales, con un objetivo del 60% del monto anual de contrataciones destinado a empresas sanjuaninas que puedan ofrecer bienes y servicios en condiciones competitivas. El tercer eje busca articular las acciones voluntarias de las empresas con los planes estratégicos municipales para que las inversiones en infraestructura, educación o salud formen parte de una planificación de largo plazo.
La iniciativa incorpora además mecanismos de previsibilidad para la cadena de valor minera. Las compañías deberán publicar sus planes de demanda de bienes y servicios junto con cronogramas estimados de compras y contrataciones. El objetivo es que las empresas locales puedan anticipar necesidades, realizar inversiones, capacitar personal y prepararse para competir en futuros procesos de contratación.
Entre los principales instrumentos previstos figura la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base pública y digital destinada a identificar a las empresas con arraigo efectivo en la provincia. Solo las firmas inscriptas podrán ser consideradas dentro de las metas de contratación local establecidas por la ley.
El proyecto también contempla incentivos para las compañías que alcancen simultáneamente los objetivos de empleo y compras locales. En esos casos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, que contará con el apoyo de un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial encargada de auditar el cumplimiento de los planes y verificar el valor agregado local generado por la actividad. La norma prevé sanciones para quienes incumplan injustificadamente sus compromisos, aunque también contempla excepciones cuando las empresas acrediten la inexistencia de oferta local competitiva o demuestren haber realizado acciones de capacitación para desarrollar proveedores y trabajadores.
La iniciativa deroga la Ley 1208-M, que nunca llegó a implementarse, y establece plazos de entre 60 y 90 días para que las empresas presenten sus planes iniciales una vez que la normativa entre en vigencia. Con su ingreso a la Cámara de Diputados, comienza ahora el debate legislativo de una propuesta que busca responder a una demanda histórica de las comunidades mineras: que la riqueza generada por los recursos naturales se traduzca en empleo, oportunidades empresariales y desarrollo sostenible para San Juan.
