La subasta judicial de una vivienda vinculada al fraude policial cerró con una oferta récord

Después de varios intentos fallidos y de distintas maniobras procesales para impedirlo, la Justicia concretó la venta en remate de una propiedad perteneciente al exresponsable de las finanzas de la Policía de San Juan y a su esposa. La puja finalizó con una oferta de 79 millones de pesos, cifra que superó ampliamente el monto mínimo establecido para la subasta.

La operación representa un paso decisivo en el proceso impulsado por Fiscalía de Estado para resarcir el perjuicio económico ocasionado a las arcas provinciales tras una investigación que derivó en condenas penales por apropiación indebida de fondos públicos.

La vivienda, ubicada en el departamento Santa Lucía, había sido embargada como garantía dentro de la acción civil iniciada para recuperar el dinero faltante. Según consta en el expediente, el valor reclamado por la provincia, actualizado con intereses, supera los 47 millones de pesos.

La subasta se desarrolló durante la mañana del viernes y contó con la participación de varios interesados. Tras aproximadamente veinte minutos de ofertas, un comprador se impuso con una propuesta de 79 millones de pesos. Como exige el procedimiento, abonó una seña inicial y los gastos correspondientes, mientras que el saldo deberá ser cancelado dentro del plazo fijado por la Justicia.

El remate había atravesado diversas complicaciones previas. En una oportunidad anterior, un oferente realizó un depósito inicial pero nunca completó el pago, lo que obligó a dejar sin efecto la adjudicación. Posteriormente se convocó a una nueva venta pública que no despertó interés entre los potenciales compradores.

Horas antes de la última subasta, los propietarios realizaron una nueva presentación judicial con la intención de suspender el acto. Sin embargo, la solicitud fue rechazada y el proceso continuó según lo programado.

La causa que originó el reclamo estatal se remonta a una investigación interna que detectó movimientos irregulares de dinero dentro de la fuerza de seguridad. Las actuaciones derivaron en condenas para varios involucrados, entre ellos el entonces tesorero policial y su pareja, quienes admitieron responsabilidad penal mediante un acuerdo abreviado.

Una vez completado el pago total del inmueble, la provincia recibirá la suma necesaria para cubrir el monto reconocido judicialmente como daño patrimonial. El excedente, en caso de existir luego de afrontar honorarios y demás gastos del proceso, quedará sujeto a la liquidación correspondiente.

Con esta instancia, el Estado provincial queda a un paso de recuperar los fondos cuya desaparición dio origen a uno de los escándalos de corrupción más resonantes registrados en la Policía de San Juan durante los últimos años.