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Conflicto institucional en Sarmiento

Fernández y Ríos cuestionan la suspensión y acusan al Concejo de actuar sin base legal

Los concejales de Sarmiento presentaron una impugnación contra la sanción que les impuso el cuerpo deliberativo y sostienen que la medida es "arbitraria e ilegítima". También plantean que la sesión que dio origen al conflicto fue nula y que el presidente del Concejo no tenía competencia para sancionarlos.

Fernández y Ríos cuestionan la suspensión y acusan al Concejo de actuar sin base legal

En un escrito presentado ante el Honorable Concejo Deliberante de Sarmiento, los ediles José Luis Fernández y Valeria Roxana Lourdes Ríos impugnaron la suspensión aplicada en su contra y la calificaron de "arbitraria e ilegítima". La presentación fue dirigida al presidente del cuerpo, Lucas Alberto Gómez, y cuestiona que la medida haya sido adoptada cuatro meses después de los hechos que le dieron origen.

El planteo se vincula con la sesión especial convocada el 2 de febrero de 2026, durante el período de receso. Según los concejales, la convocatoria carecía de "casuística legal" y se apoyó en el artículo 86 del Reglamento Interno, sin considerar la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 430-P), que establece los supuestos taxativos para ese tipo de reuniones. En ese marco, sostienen que retirarse del recinto fue una decisión para "no convalidar actos nulos".

La impugnación centra sus objeciones en tres ejes: la supuesta falta de competencia del presidente para aplicar sanciones a concejales, la demora de cuatro meses en resolver el caso y el derecho al disenso político mediante el retiro del recinto. Fernández y Ríos afirman además que esa conducta no impidió el quórum y que el presidente se habría arrogado "funciones judiciales que no le corresponden".

El escrito concluye con el pedido de revocación de la sanción y con una reserva de acudir a la Justicia Ordinaria y a la vía Contencioso-Administrativa. También advierten que podrían impulsar acciones civiles y penales por daños y perjuicios, injurias y vulneración de derechos constitucionales si el Concejo Deliberante mantiene la medida.

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