Escándalo en Sarmiento: concejales impugnan sanción y denuncian "persecución política" y falta de sustento legal

En un duro escrito presentado ante el Honorable Concejo Deliberante de Sarmiento, los ediles José Luis Fernández y Valeria Roxana Lourdes Ríos impugnaron formalmente la sanción de suspensión impuesta en su contra, calificándola de "arbitraria e ilegítima". El descargo, dirigido al presidente del cuerpo, Lucas Alberto Gómez, surge como respuesta a una medida tomada cuatro meses después de los hechos que la originaron, lo que los concejales consideran un ataque directo a su mandato popular.
El origen del conflicto: Una sesión cuestionada
La controversia se remonta al 2 de febrero de 2026, cuando se convocó a una "sesión especial" durante el periodo de receso. En aquella oportunidad, Fernández y Ríos decidieron retirarse del recinto argumentando que la convocatoria carecía de "casuística legal". Según explican en su defensa, la presidencia invocó el artículo 86 del Reglamento Interno, pero ignoró la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 430-P), la cual establece de manera taxativa los casos en que se puede llamar a una sesión especial.
Para los ediles, participar de una sesión convocada ilegalmente habría implicado una violación al principio de legalidad, por lo cual su retiro no fue un acto de desobediencia, sino una herramienta para "no convalidar actos nulos" y preservar la institucionalidad del cuerpo.
Los puntos clave del descargo En su impugnación, los concejales exponen tres argumentos centrales que cuestionan la validez de la sanción:
1. Falta de competencia del Presidente: Los ediles subrayan que, según el Art. 40 Inc. 7 de la Ley 430-P, las facultades disciplinarias directas del presidente del Concejo se limitan exclusivamente al personal empleado y no se extienden a los concejales, quienes poseen un mandato popular. Sostienen que el presidente se arrogó "funciones judiciales que no le corresponden".
2. Extemporaneidad e irrazonabilidad: Denuncian que la sanción llega tras un "extenso período de cuatro meses" de inacción absoluta. Según el escrito, este retraso lesiona el principio de seguridad jurídica y dificulta el ejercicio del derecho de defensa, volviendo la medida "desproporcionada".
3. Derecho al disenso: Fernández y Ríos defienden que el retiro del recinto es una "herramienta parlamentaria reconocida" para expresar disenso político y no puede ser considerada por sí sola una falta disciplinaria, especialmente cuando no se impidió el quórum para sesionar.
Reservas legales y pedido de revocación
El documento concluye con un pedido explícito para que se deje sin efecto la sanción impuesta. Asimismo, los concejales han realizado una reserva de derecho para acudir a la Justicia Ordinaria y a la vía Contencioso-Administrativa. Incluso advierten sobre posibles acciones civiles y penales por daños y perjuicios, injurias y la violación de sus derechos constitucionales si el cuerpo deliberativo no da marcha atrás con la medida.